El Tribunal Supremo insta a la Junta Electoral a excluir del censo a 163.000 nacionalizados por la ‘Ley de Nietos’
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha solicitado este viernes a la Junta Electoral Central (JEC) que adopte las medidas necesarias para impedir el ejercicio del derecho al voto de 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la ‘Ley de Nietos’.
La instrucción judicial afecta de manera integral a los ciudadanos que han tramitado su nacionalidad bajo este marco normativo, independientemente de si se encuentran inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) o en el Censo de Residentes en España (CER). Esta decisión supone un cambio de criterio respecto a pronunciamientos anteriores del alto tribunal, que hasta el momento no había aplicado la suspensión del sufragio a este colectivo.
En la resolución, los magistrados establecen una distinción técnica basada en la acreditación del origen del solicitante. De este modo, solo se permite el ejercicio del voto a 901 ciudadanos nacionalizados que han demostrado fehacientemente ser descendientes de exiliados por motivos políticos. El tribunal ha dejado abierta una ventana temporal hasta el próximo 29 de noviembre para que otros afectados puedan acreditar dicha condición y ser restituidos en el censo electoral.
La medida se fundamenta en la revisión de los procedimientos de acceso a la nacionalidad derivados de la Ley de Memoria Democrática. La Sala de lo Contencioso-Administrativo busca asegurar que la incorporación de nuevos electores al sistema democrático español se ajuste estrictamente a los supuestos de reparación previstos para las víctimas del exilio político, excluyendo los casos de nacionalización general que no contemplen esta especificidad probatoria.
La decisión del Tribunal Supremo impacta directamente en la gestión de la Junta Electoral Central, que deberá proceder a la depuración de los listados vigentes para dar cumplimiento al mandato judicial. El proceso se mantiene en fase de ampliación administrativa mientras se notifican las resoluciones a los organismos competentes y se habilitan los mecanismos de reclamación para los ciudadanos que puedan certificar su condición de descendientes de exiliados antes de la fecha límite establecida.


