El Tribunal Constitucional anula el bloqueo de la Mesa del Congreso a la tramitación del decreto sobre los fondos europeos

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular contra las sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas al Real Decreto-ley 36/2020. La sentencia concluye que la Mesa del Congreso de los Diputados vulneró el derecho al ejercicio de la función representativa de los parlamentarios al dilatar injustificadamente la tramitación de la norma, que regula la modernización de la Administración Pública y la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Real Decreto-ley en cuestión fue convalidado por el Pleno de la Cámara Baja el 28 de enero de 2021, obteniendo 170 votos a favor. En esa misma sesión, se acordó que la norma se tramitara como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con el objetivo de permitir a los grupos parlamentarios introducir modificaciones técnicas y políticas al texto original del Ejecutivo.

Sin embargo, el proceso legislativo quedó paralizado durante casi dos años debido a las decisiones del órgano rector de la Cámara. Según consta en los antecedentes de la resolución, la Mesa del Congreso dispuso hasta 70 ampliaciones consecutivas del plazo de presentación de enmiendas al articulado. Esta situación se prolongó desde el vencimiento del primer plazo, fijado para el 15 de febrero de 2021, hasta finales de 2022.

Ante la septuagésima primera ampliación del plazo, comunicada el 14 de noviembre de 2022, el Partido Popular presentó un escrito de reconsideración ante la Mesa. Tras ser rechazado dicho escrito el 21 de noviembre de ese mismo año, la formación acudió en amparo ante el Tribunal Constitucional el 13 de febrero de 2023, impugnando los acuerdos que permitieron la prolongación indefinida del trámite legislativo.

El fallo del tribunal de garantías considera que esta práctica impidió de manera efectiva el desarrollo del debate parlamentario y la posibilidad de perfeccionar el texto legal. La sentencia subraya que el uso sistemático de prórrogas por parte de la mayoría de la Mesa desvirtúa la finalidad del procedimiento de urgencia y menoscaba la facultad de los diputados para participar en el proceso de elaboración de las leyes.

Esta resolución establece un límite a la discrecionalidad de la Mesa del Congreso en la gestión de los tiempos parlamentarios. El dictamen enfatiza que las facultades de ordenación de los trabajos de la Cámara no pueden ser utilizadas para bloquear de facto la tramitación de iniciativas legislativas que ya han sido aprobadas por el Pleno para su discusión como proyectos de ley.