El Gobierno vasco concede el tercer grado penitenciario al preso de ETA Henri Parot

El Departamento de Justicia del Gobierno vasco ha aprobado la progresión al tercer grado penitenciario de Henri Parot, uno de los miembros más significativos de la organización terrorista ETA. La medida ha generado una respuesta crítica inmediata por parte del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), que denuncia la falta de un arrepentimiento público y verificable por parte del recluso, quien cumple condenas que suman cerca de 4.800 años de prisión por múltiples delitos de sangre.

Parot, quien integró el denominado comando «Argala», fue responsable de atentados con alta repercusión, entre los que destaca la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987. En aquel ataque fallecieron once personas, incluyendo cinco menores de edad, y resultaron heridas otras 88. Su historial delictivo incluye condenas por asesinato, tentativa de asesinato, estragos, detenciones ilegales y pertenencia a banda armada, siendo responsable directo de la muerte de al menos 39 personas según las sentencias judiciales.

Desde COVITE, su presidenta Consuelo Ordóñez ha calificado la decisión administrativa como «inaceptable». El colectivo sostiene que la flexibilización de la condena se ha fundamentado en «escritos privados y formulaciones genéricas contra la violencia», en lugar de una ruptura clara y fehaciente con el entorno que legitimó sus acciones. Según la asociación de víctimas, este movimiento confirma una tendencia en la gestión penitenciaria autonómica hacia lo que denominan una «amnistía encubierta» para los presos de la banda terrorista.

El recluso ya disfrutaba de un régimen de semilibertad desde julio de 2024 mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Con la concesión del tercer grado bajo el artículo 83, la representación de las víctimas advierte que la progresión administrativa facilitará el acceso al artículo 86.4. Este último mecanismo permite sustituir la permanencia en prisión por controles telemáticos, lo que en la práctica supone una situación de libertad bajo vigilancia electrónica fuera de los recintos penitenciarios.

La asociación de víctimas argumenta que no se está ante una política de reinserción genuina, sino ante un proceso que «vacía de contenido» el cumplimiento de las penas. Ordóñez ha subrayado que la falta de exigencia de una condena inequívoca de cada crimen convierte el proceso en una «farsa». Por su parte, la administración autonómica mantiene la competencia de prisiones desde 2021, gestionando los itinerarios de reinserción de los reclusos bajo su tutela conforme a los criterios técnicos de las juntas de tratamiento.

Esta decisión se produce en un contexto de debate recurrente sobre la política penitenciaria en el País Vasco, donde la transferencia de competencias ha permitido al Ejecutivo autonómico gestionar directamente los grados de los presos vinculados a la desaparecida organización terrorista, un proceso que sigue bajo el escrutinio de los tribunales de justicia y la vigilancia de las plataformas de víctimas.