Gobierno de Colombia declara estado de emergencia tras sismo: cifra de fallecidos asciende a 319
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia elevó este miércoles a 319 el número de víctimas mortales tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó las regiones del centro y oeste del país la semana pasada. Ante la magnitud de la catástrofe, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, formalizó la firma de un decreto de emergencia económica, social y ecológica para agilizar la atención a los damnificados y la reconstrucción de las provincias impactadas.
El último balance oficial proporcionado por las autoridades detalla que, además de los fallecidos, se registran 4.469 personas heridas y 260 ciudadanos que permanecen desaparecidos. En contraparte, las labores de búsqueda y salvamento han permitido el rescate de 364 personas. El informe técnico de la UNGRD destaca una severa afectación en la infraestructura habitacional, con más de 30.800 viviendas destruidas, cerca de 152.000 con averías significativas y el colapso de más de 300 edificios.
Durante el acto administrativo de este miércoles, el mandatario nacional subrayó que la intervención estatal no se limitará a la reposición de viviendas particulares. El enfoque gubernamental priorizará la recuperación de comercios y la rehabilitación de infraestructura pública esencial, incluyendo centros educativos, hospitales y obras civiles fundamentales para la estabilidad de las comunidades afectadas.
A pesar de la declaración de emergencia, el Ejecutivo reconoció las dificultades que enfrenta la administración para la asignación de recursos. El presidente De la Espriella señaló que el país atraviesa una realidad fiscal compleja que impide enfrentar una tragedia de estas proporciones únicamente mediante los instrumentos ordinarios del Estado o las ampliaciones presupuestarias tradicionales.
Con la implementación de este decreto extraordinario, el Gobierno Nacional busca flexibilizar el uso de partidas presupuestarias y agilizar los procesos de contratación pública necesarios para la restauración de los servicios básicos y la asistencia humanitaria en las zonas de desastre.
