La Justicia desestima la demanda de rectificación de José Luis Ábalos contra un medio de comunicación

El Juzgado de Primera Instancia número 96 de Madrid ha dictado una sentencia en la que desestima de forma íntegra la demanda de rectificación interpuesta por el exministro José Luis Ábalos contra el diario digital THE OBJECTIVE y su director, Álvaro Nieto. El fallo judicial sostiene que las informaciones publicadas por el medio cuentan con respaldo documental, lo que invalida la pretensión del político de forzar una corrección pública de los contenidos.

La resolución, que incluye la condena en costas para la parte demandante, se refiere a un conjunto de cinco informaciones publicadas entre enero y febrero de 2025. En ellas, las periodistas Teresa Gómez y Ketty Garat analizaban diversos aspectos de la gestión y el entorno del exdirigente socialista. Según el tribunal, el derecho de rectificación no tiene lugar en este caso porque no se ha acreditado una inexactitud que deba ser subsanada.

En el texto de la sentencia, el magistrado subraya que las autoras de los artículos aportaron durante el proceso la documentación necesaria para sustentar las noticias. Por ello, el tribunal considera que los textos presentan una «apariencia de veracidad» y constituyen un «hecho informativo cierto». Bajo este criterio jurídico, el ejercicio del derecho a la información prevalece sobre la reclamación del exministro, al entenderse que la labor periodística se ajustó a los estándares de rigor exigibles.

Este pronunciamiento supone el tercer revés judicial para José Luis Ábalos en sus litigios contra el mismo medio de comunicación durante el presente año. Previamente, en abril de 2025, el Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid ya había rechazado una demanda de similares características. Posteriormente, en el mes de julio, el Juzgado número 60 dictó otra sentencia absolutoria a favor del diario, siguiendo la misma línea argumental sobre la veracidad de las investigaciones publicadas.

Las informaciones que motivaron el conflicto judicial forman parte de una serie de investigaciones periodísticas sobre presuntas tramas de tráfico de influencias y contratos públicos. A este respecto, la Justicia ha reiterado que el derecho de rectificación no puede ser utilizado como una herramienta para gestionar el impacto de revelaciones periodísticas cuando estas se encuentran debidamente contrastadas y sustentadas en fuentes documentales.

Desde el ámbito jurídico, la defensa del medio de comunicación ha destacado que estas resoluciones consolidan la protección del periodismo de investigación frente a los intentos de judicialización de la actividad informativa. Por su parte, la dirección del diario ha manifestado su intención de continuar con su línea editorial, centrada en la fiscalización de la gestión pública y la denuncia de posibles irregularidades institucionales.