El Gobierno vincula la devolución de los menores de Ceuta al estricto cumplimiento de la legalidad internacional

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha manifestado este miércoles el compromiso del Ejecutivo con la reagrupación familiar de los menores que accedieron de forma irregular a Ceuta el pasado mes de julio. Torres ha subrayado que el proceso se llevará a cabo bajo el amparo de la ley, garantizando el derecho de asilo en los casos que corresponda y evitando retornos que no cumplan con las garantías jurídicas vigentes para evitar posibles condenas judiciales.

Durante una entrevista concedida a Radio Nacional de España, el titular de Política Territorial ha aclarado que, si bien el objetivo principal es la devolución de quienes no tengan derecho a permanencia, existen perfiles específicos que, por imperativo legal, no podrán ser retornados a sus países de origen. «Habrá quien tenga derecho a asilo y menores que no puedan ser reagrupados», ha puntualizado el ministro, señalando que estas excepciones responden al estricto cumplimiento de la normativa y no a una voluntad discrecional de la administración.

Torres ha recordado las consecuencias legales de procedimientos de devolución previos que no se ajustaron a derecho, haciendo alusión a responsables políticos de distintas organizaciones que resultaron condenados por estas prácticas. En este sentido, el ministro ha defendido la necesidad de tramitar expedientes individuales minuciosos, asegurando que las devoluciones actuales se realizarán conforme a la legalidad, tal como se procedió en los años 2002, 2006 y 2015 bajo distintas administraciones generales.

En el plano político, el ministro ha cuestionado el propósito de las manifestaciones convocadas en la ciudad autónoma, al considerar que su fin último es la confrontación con el Gobierno de España más que la defensa de los ciudadanos ceutíes. Asimismo, ha reprochado al Partido Popular y a Vox su voto en contra de la distribución de menores no acompañados por el territorio nacional, una medida que, según Torres, buscaba aliviar la presión social en Ceuta tras la petición expresa de su presidente, Juan Jesús Vivas.

Finalmente, el ministro ha defendido su gestión como autoridad funcional, centrada en la provisión de recursos y en la respuesta humanitaria. Según las estimaciones del Ministerio, la mayoría de las personas que entraron de forma irregular en julio serán finalmente devueltas, dado que se prevé que no cumplan con los requisitos de protección internacional o derecho de asilo exigidos por la legislación española para su permanencia en el país.