Las investigaciones judiciales coordinadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han situado el foco sobre las actividades profesionales del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras el hallazgo de una caja fuerte oculta en su despacho. Este descubrimiento se enmarca en una instrucción que analiza presuntas irregularidades en contratos públicos y vínculos financieros internacionales con empresas de capital chino y entidades vinculadas al sector petrolero de Venezuela.
Según los informes policiales integrados en el sumario, la trama habría operado mediante una red de cargos afines dentro del Ministerio de Transportes para el presunto amaño de licitaciones. Entre los beneficiarios se encontraría la constructora Aldesa, que obtuvo contratos por valor de 150 millones de euros en obras del AVE de Adif mientras realizaba pagos a la estructura bajo investigación. Asimismo, se han registrado hasta 36 facturas correspondientes a viajes internacionales hacia China, Colombia y Marruecos, justificados bajo conceptos de captación de clientes e información de interés institucional.
El alcance internacional de la causa incluye conexiones en Caracas y Dubái. Las pesquisas apuntan a que una gestoría con sede en Madrid canalizaba flujos de capital procedentes del petróleo venezolano hacia el entorno del expresidente. En este contexto, se ha documentado un encuentro en la capital venezolana con un banquero vinculado a la financiación de presuntos testaferros de la red, así como la mediación de un enlace del sector alimentario en los Emiratos Árabes Unidos.
En el ámbito institucional, el Ministerio de Justicia ha hecho efectivo el cese de la magistrada Silvia Martínez Cantón, pieza clave en la instrucción de la querella inicial, alegando una pérdida de confianza. Esta decisión coincide con un incremento de la tensión en el seno del Ejecutivo, que simultáneamente gestiona la interlocución en Bruselas para situar a Pablo Hernández de Cos al frente del Banco Central Europeo y se enfrenta a la contestación interna de alcaldes socialistas por el cierre previsto de la central nuclear de Almaraz.
Por otro lado, la actividad parlamentaria y regional en Cataluña se ha visto alterada por las denuncias de desmantelamiento de las unidades de la Guardia Civil en la costa catalana y la reprobación del Parlament a los mandos de los Mossos d’Esquadra. A este escenario se suma la revelación de supuestos ofrecimientos de cargos en el sector privado, concretamente en Prosegur, para incentivar la retirada de figuras políticas en el marco de las negociaciones de las listas electorales de las formaciones independentistas.
Finalmente, en el plano jurídico-administrativo, el Tribunal Supremo ha emitido un fallo de gran impacto mediático que prohíbe a Antena 3 la emisión de la prueba final de ‘Pasapalabra’, conocida como ‘El Rosco’, por vulneración de derechos de propiedad intelectual. La sentencia resuelve un conflicto de años con la firma holandesa MC&F, abriendo un nuevo escenario de negociación para los derechos del formato televisivo en España.
