El Tribunal de Cuentas archiva la denuncia contra la Comunidad de Madrid por el sistema de facturación hospitalaria

El Tribunal de Cuentas (TCu) ha acordado el archivo definitivo de la denuncia presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid contra el Gobierno regional por presuntas irregularidades en el sistema de facturación entre hospitales. La resolución concluye que no existe responsabilidad contable ni perjuicio económico para los fondos públicos derivado de las derivaciones de pacientes entre centros de gestión directa y hospitales de gestión privada o concertada.

La decisión del órgano fiscalizador descarta que se haya producido un daño patrimonial para la Administración autonómica, rechazando así los argumentos de la denuncia interpuesta el pasado febrero. El PSOE sostenía que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso habría condonado una deuda de 71 millones de euros a las compañías Quirón y Ribera Salud, originada supuestamente por la atención en la sanidad pública de pacientes derivados de estos grupos privados sin el debido control de cobro.

En su fundamentación jurídica, el Tribunal de Cuentas señala que no ha quedado acreditada la existencia de cantidades exigibles que el Gobierno madrileño hubiera dejado de reclamar a las empresas responsables de la gestión indirecta. Según el auto, no se ha demostrado un daño patrimonial concreto, efectivo e individualizado, requisito indispensable para determinar la existencia de responsabilidad contable.

La resolución se alinea con la postura de la Fiscalía del propio Tribunal, que ya había propuesto el archivo de las actuaciones al no apreciar un perjuicio probado para las arcas públicas. El tribunal indica que la denuncia se limitaba a señalar obligaciones generales de supervisión y seguimiento sin precisar normas presuntamente vulneradas, avalando de este modo el sistema de facturación derivado del ejercicio del derecho de libre elección de centro sanitario.

Desde la Comunidad de Madrid han manifestado que este fallo respalda la legalidad de su gestión. Fuentes del Ejecutivo regional han reafirmado que la Administración ha actuado en todo momento conforme a la legislación vigente y aseguran que no se ha dejado de percibir ninguna cantidad que correspondiera reclamar a las empresas concesionarias por la prestación de servicios sanitarios.