El Tribunal de Cuentas investigará la compra de un ático de 6,3 millones por la empresa pública Planifica Madrid

El Tribunal de Cuentas ha ordenado la apertura de una investigación formal sobre la adquisición de un ático en la calle General Martínez Campos de Madrid por un importe de 6,3 millones de euros. La operación, ejecutada por la empresa pública Planifica Madrid —vinculada al Gobierno de la Comunidad de Madrid—, presenta indicios de un presunto menoscabo de fondos públicos, según la resolución firmada por la consejera de Cuentas, María del Rosario García.

La resolución acuerda elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para el nombramiento de un delegado instructor. Este tendrá la tarea de investigar las presuntas irregularidades denunciadas y determinar si de ellas se deriva responsabilidad contable. El auto subraya que los elementos indiciarios aportados son suficientes para considerar que la compra del inmueble pudo haber ocasionado un daño real y efectivo en los caudales públicos regionales.

Los hechos investigados se remontan al 14 de abril, fecha en la que Planifica Madrid formalizó la compra de una vivienda residencial de 485 metros cuadrados. Las denuncias admitidas a trámite sostienen que la operación se realizó sin una justificación previa suficiente y sin acreditar su vinculación directa con los fines públicos de la sociedad. Asimismo, se cuestiona que el precio de adquisición fuera superior al valor de mercado y que el inmueble reuniera las condiciones técnicas para el uso administrativo que se le pretendía asignar.

Uno de los puntos críticos señalados en el auto es la cronología de la documentación justificativa. Según el órgano fiscalizador, la memoria que alegaba el destino institucional del inmueble —espacios de trabajo y alojamiento ocasional para autoridades— fue redactada el 2 de julio de 2026, casi tres meses después de la firma de la compraventa. Además, el contrato de arrendamiento suscrito posteriormente entre la empresa pública y la Administración regional fue rescindido en septiembre de ese mismo año tras alegarse que la necesidad del alquiler había desaparecido.

En el ámbito económico, la investigación se centrará en el posible sobreprecio de la operación. Aunque la Comunidad de Madrid aportó una segunda tasación para defender la cuantía abonada, el Tribunal de Cuentas destaca que la primera licitación para vender el inmueble quedó desierta por falta de ofertas. Esta circunstancia, unida a que el ático continúa sin comprador, es interpretada por el organismo como un indicio de que el mercado no ha validado el precio establecido por la administración pública.

El Ministerio Fiscal ha apoyado la continuación de las actuaciones al considerar que las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid y Planifica Madrid no desvirtúan las irregularidades señaladas. La resolución precisa que el inicio de esta fase de instrucción no prejuzga la existencia definitiva de responsabilidades contables, sino que busca esclarecer si la inversión tuvo una finalidad legalmente justificada. El procedimiento cuenta con la personación del grupo parlamentario Más Madrid y otros actores de la acción pública.