El Tribunal de Cuentas inicia el trámite para investigar la compra de un ático por la Comunidad de Madrid
El Tribunal de Cuentas ha otorgado un plazo de cinco días hábiles al Ministerio Fiscal, a la empresa pública Planifica Madrid y a la Comunidad de Madrid para que fijen su posición sobre el nombramiento de un delegado instructor. Este paso procesal tiene como objetivo investigar la presunta adquisición irregular de un inmueble de uso residencial en el distrito de Chamberí por parte de la mencionada empresa pública, o bien proceder al archivo de las actuaciones si así se estimase oportuno.
Según consta en la diligencia de ordenación dictada por el órgano fiscalizador, el procedimiento se activó el pasado 15 de septiembre tras la recepción de cuatro denuncias iniciales, a las que se sumó una quinta el 30 de septiembre. Los escritos denuncian un supuesto desvío de fondos públicos que habría ocasionado un perjuicio patrimonial a los caudales de Planifica Madrid, M.P., S.A. y, por extensión, a la administración autonómica madrileña.
En el marco de estas actuaciones, el Tribunal de Cuentas ha aceptado la personación en la acción pública de los grupos parlamentarios del PSOE y Más Madrid, tras verificar que cumplen con los requisitos legales establecidos en la Ley de Funcionamiento de la institución. La decisión final sobre la designación del instructor marcará el inicio de las diligencias previstas en el artículo 47 de la citada ley, destinadas a practicar las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
La controversia técnica se centra en la compra de un ático por un importe de 6,3 millones de euros. En su denuncia, el PSOE sostiene que no se ha acreditado la «necesidad concreta» que justificó la adquisición de un inmueble de carácter residencial por parte de una empresa de gestión pública. Asimismo, la formación política cuestiona la existencia de acuerdos específicos del consejo de administración relativos a la selección del inmueble, el precio de compra y el pago de arras.
Los denunciantes han solicitado que se identifique formalmente a los responsables de impulsar la operación y que se determine si los controles presupuestarios, técnicos y jurídicos exigibles fueron debidamente activados. Según la documentación aportada al expediente, no constarían informes previos de fiscalización ni una justificación detallada que avale el impacto patrimonial de la inversión para la entidad Planifica Madrid.
Con la apertura de este trámite, el Tribunal de Cuentas busca dirimir si existen indicios suficientes de responsabilidad contable por un menoscabo en los fondos públicos. Una vez concluya el plazo de cinco días para que las partes se pronuncien, el órgano decidirá si la causa avanza hacia una fase de instrucción formal o si se decreta el sobreseimiento de la acción pública.
