El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suscrito una nueva orden ejecutiva con el objetivo de restringir el acceso al país a ciudadanos extranjeros que pretendan obtener la nacionalidad estadounidense para sus hijos mediante el nacimiento en territorio nacional. La medida, calificada por la Casa Blanca como una acción contra el «turismo de maternidad», se produce un mes después de que el Tribunal Supremo anulara una directiva previa de similar naturaleza.
El documento oficial sostiene que la ciudadanía no debe ser tratada como una mercancía sujeta a la «explotación calculada» de las leyes de inmigración. Según el texto difundido por la Administración, el propósito de la orden es evitar que personas con visas de no inmigrante utilicen su estancia temporal para asegurar beneficios migratorios permanentes para su progenie y, eventualmente, para ellos mismos, lo que a juicio del Ejecutivo socava la integridad del sistema legal vigente.
La orden ejecutiva pone especial énfasis en la persecución de los denominados «operadores de turismo de maternidad». La Administración denuncia que estas entidades emplean publicidad engañosa para atraer a extranjeros, facilitando el uso de visados de estudios, intercambio o turismo con el fin de dar a luz en suelo estadounidense. Bajo las nuevas directrices, las autoridades podrán prohibir la entrada, revocar visados o incluso proceder a la expulsión de quienes participen en estas prácticas, extendiendo las sanciones a las organizaciones que faciliten dichos procesos.
La implementación de estas políticas ha sido delegada en el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Seguridad Nacional, Todd Blanche. Ambos funcionarios tienen el mandato de actualizar las normativas y directrices operativas para hacer efectiva la restricción. No obstante, el decreto contempla una cláusula de exenciones que permite a los secretarios autorizar entradas por razones humanitarias o de interés nacional, previa evaluación individualizada de cada caso.
Este movimiento representa un nuevo intento del Ejecutivo por limitar el principio de ‘jus solis’ (derecho de suelo), que rige la concesión de la nacionalidad en Estados Unidos. El anterior intento de suprimir la ciudadanía por derecho de nacimiento, emitido al inicio de su segundo mandato, fue invalidado por la justicia al considerar que contravenía la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Según estimaciones de organizaciones demográficas, una restricción de este calado podría afectar a aproximadamente 250.000 nacimientos anuales en el país.
