El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha centrado su estrategia de defensa ante el Tribunal Supremo en una impugnación integral de las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Durante su reciente comparecencia, el actual diputado ha cuestionado la legalidad de las diligencias practicadas, alegando una presunta vulneración de sus derechos fundamentales y la interceptación de sus comunicaciones bajo su condición de aforado, con el objetivo de elevar el proceso al Tribunal Constitucional para solicitar su nulidad.
La postura judicial de Ábalos sostiene que los agentes actuaron al margen de los cauces legales al monitorizar sus movimientos y comunicaciones sin la debida autorización del alto tribunal. Esta línea de defensa coincide con los análisis de los investigadores de la UCO, quienes sospechan que tanto el exministro como su antiguo asesor, Koldo García, iniciaron en el otoño de 2023 una serie de maniobras destinadas a comprometer la validez del operativo policial al ser plenamente conscientes de que estaban bajo vigilancia.
Uno de los hitos determinantes en esta confrontación es el episodio del «sobre trampa» ocurrido en noviembre de 2023. Según los informes de la Guardia Civil, Joseba García, hermano de Koldo, transportó un sobre con el sello del Ministerio de Transportes desde Alicante hasta el domicilio privado de Ábalos en Valencia. Tras ser interceptado en un control del Grupo de Acción Rápida (GAR), los agentes comprobaron que el contenido era simplemente una resolución de Transparencia sobre la compra de mascarillas, un documento de acceso público que no justificaba el despliegue logístico empleado.
La UCO interpreta este movimiento como un intento deliberado de los investigados para provocar un seguimiento policial que posteriormente pudiera ser calificado de investigación «extrajudicial» o prospectiva. Las sospechas de los agentes se fundamentan en escuchas realizadas semanas antes, concretamente el 17 de octubre de 2023, en las que Koldo García revelaba conocer con precisión que estaban siendo vigilados por un grupo de agentes de la Benemérita. Esta filtración motivó una auditoría interna en la Guardia Civil que, si bien no halló brechas en sus bases de datos, confirmó que los objetivos de la operación manejaban información sensible sobre el estado de las pesquisas.
En su declaración ante el Supremo, Ábalos ha vinculado el origen de su conocimiento sobre la investigación a una supuesta comunicación directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ocurrida en septiembre de 2023. Según la versión del exministro, la información habría llegado al Palacio de la Moncloa a través de la Fiscalía General del Estado. Estas alegaciones constituyen ahora el eje central del debate sobre la cadena de custodia y la integridad de las pruebas que sustentan la causa, en un escenario donde el Tribunal Supremo deberá dirimir si las actuaciones de la UCO se ajustaron estrictamente a la legalidad vigente.
