La Audiencia de Madrid ordena ampliar la investigación a los datos fiscales de González Amador
La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto por el cual ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ampliar la investigación sobre el empresario Alberto González Amador. La resolución judicial estipula que las pesquisas, enmarcadas en la pieza separada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, deberán incluir el cotejo de datos tributarios y de la Tesorería General de la Seguridad Social, sumándose así a la información bancaria cuya revisión ya había sido autorizada previamente.
Los magistrados de la Sección Tercera han estimado el recurso interpuesto por la Fiscalía de Madrid, revocando la decisión inicial del Juzgado de Instrucción número 19. El órgano instructor había limitado inicialmente la capacidad de la UCO a recabar únicamente información bancaria, posponiendo el examen de los registros fiscales y laborales al resultado de los primeros análisis de las cuentas. Sin embargo, la Audiencia considera necesaria una visión de conjunto de estos ámbitos para dotar a la investigación de la celeridad y el rigor necesarios para el esclarecimiento de los hechos.
La causa se centra en diversas operaciones mercantiles vinculadas a González Amador y a varias sociedades bajo su control. Uno de los puntos críticos de la investigación es la adquisición en diciembre de 2020 de la mercantil Círculo de Belleza S.L. por un importe aproximado de 500.000 euros. Los investigadores analizan si esta transacción pudo haber servido como cauce para el pago de una presunta comisión a un directivo relacionado con el grupo Quirón Prevención, dadas las estrechas vinculaciones comerciales del empresario con dicha entidad.
Asimismo, la instrucción examina la evolución patrimonial de la sociedad Maxwell Cremona y los ingresos derivados de la intermediación en la venta de material sanitario durante la fase más crítica de la pandemia. Los investigadores de la UCO solicitaron el acceso a los datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social con el objetivo de reconstruir con exactitud los movimientos de fondos y verificar si los rendimientos declarados se corresponden con la actividad económica real de las sociedades investigadas.
En resoluciones previas, el juez instructor Antonio Viejo había determinado que el examen de las cuentas bancarias desde enero de 2014 era la prioridad inicial. No obstante, la resolución de la Audiencia Provincial subraya que la complejidad de los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios exige un análisis simultáneo de las fuentes bancarias y tributarias para evitar demoras procesales y facilitar la labor de reconstrucción patrimonial que lleva a cabo la Guardia Civil.
Por su parte, Alberto González Amador ha mantenido la legalidad de todas sus operaciones comerciales. En sus declaraciones ante la autoridad judicial, el empresario documentó los ingresos percibidos de Quirón Prevención y rechazó el uso de sociedades instrumentales para la elusión de impuestos. Respecto a la compra de Círculo de Belleza, la defensa sostiene que el precio abonado respondió estrictamente al valor de mercado de su red de distribución y no a contraprestaciones irregulares por servicios de intermediación.
Con esta nueva directriz de la Audiencia Provincial, la instrucción entra en una fase de intensificación de las diligencias periciales. El cruce de datos entre las transacciones bancarias autorizadas y la información de la Tesorería General de la Seguridad Social permitirá a la UCO finalizar los informes solicitados por el Ministerio Fiscal para determinar la existencia de indicios racionales de criminalidad en la gestión de los contratos analizados.
