La Audiencia Nacional investiga presuntas presiones de la cúpula de la Guardia Civil a investigadores de la UCO
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, el magistrado Santiago Pedraz, ha ordenado una diligencia de entrada en la Dirección General de la Guardia Civil para recabar pruebas sobre presuntas maniobras de obstrucción a la justicia. La Unidad Central Operativa (UCO) intervino en su propia sede central para investigar la apertura de expedientes disciplinarios e informaciones reservadas contra agentes que lideraban pesquisas sobre tramas de corrupción vinculadas al entorno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al Ejecutivo.
La operación, coordinada por el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la unidad anticorrupción de la UCO, se centró en la toma de declaraciones a altos mandos del Instituto Armado y en la recopilación de documentación administrativa. El magistrado busca determinar si la cúpula de la Guardia Civil utilizó procesos sancionadores como herramienta de coacción para paralizar las indagaciones judiciales en curso, especialmente en aquellos casos donde los investigadores se negaron a revelar detalles confidenciales de las pesquisas a sus superiores jerárquicos.
Fuentes próximas al Instituto Armado califican la intervención en las dependencias de la calle Guzmán el Bueno como un hecho sin precedentes recientes en la institución, con la única excepción de un registro realizado en 1992 por orden del juez Baltasar Garzón. En esta ocasión, las actuaciones se enmarcan en el denominado ‘caso Leire Díez’, que analiza una presunta red de tráfico de influencias, cohecho y revelación de secretos.
Entre los hechos bajo examen judicial figuran tres investigaciones internas abiertas contra el general de brigada Rafael Yuste durante su etapa como jefe de la UCO. Estos expedientes, que finalmente se cerraron sin atribución de responsabilidad, coincidieron temporalmente con el desarrollo de causas de corrupción de alta sensibilidad política. El juez investiga si estos procesos administrativos constituyeron una medida de presión para comprometer la autonomía de la policía judicial frente a la dirección política del Cuerpo.
El auto judicial vincula estas acciones con las comunicaciones de Leire Díez, quien habría trasladado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, la tesis de que la UCO filtraba información a los medios de comunicación. No obstante, la instrucción señala una contradicción en el seno de la trama: mientras se activaban expedientes contra los investigadores, un exmando de la unidad y asesor de la anterior dirección, el capitán Juan Sánchez Yepes, habría revelado presuntamente secretos sobre la estructura interna y los miembros de la UCO a los investigados.
La investigación de la Audiencia Nacional evalúa ahora si las decisiones de abrir dichas informaciones reservadas, que requieren el conocimiento de la Dirección General y del Director Adjunto Operativo (DAO), constituyen delitos de obstrucción a la justicia y contra las instituciones del Estado. Las diligencias continúan abiertas para esclarecer el alcance de las presuntas interferencias en las labores de investigación desarrolladas por la unidad de élite de la Guardia Civil.
