La UCO señala irregularidades en la contratación de cargos directivos en Correos bajo la gestión de Juan Manuel Serrano
Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado al expresidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Juan Manuel Serrano, en el centro de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de personal de alta dirección. Las pesquisas se centran en el nombramiento de Leire Díez en noviembre de 2021, un proceso que, según los investigadores, habría sido diseñado de manera específica para ajustarse al perfil de la interesada.
El documento policial detalla diversas conexiones entre Serrano y los integrantes de la denominada «trama Leire». Según el análisis de las comunicaciones intervenidas, meses antes de la formalización del contrato, Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), habría comunicado a Díez que su incorporación estaba asegurada tras mantener conversaciones directas con el entonces presidente de la empresa postal.
La investigación de la Guardia Civil sostiene que el puesto de Relaciones Institucionales fue creado presuntamente a medida. El informe de la UCO destaca que la propia beneficiaria habría tenido acceso a las bases de la convocatoria antes de su publicación, permitiéndole revisar y proponer modificaciones en los requisitos técnicos para que estos coincidieran de forma exacta con su trayectoria profesional.
Entre las pruebas recabadas por los agentes se encuentra un intercambio de documentación electrónica. El informe identifica un envío realizado por el entonces vicesecretario de Correos, José Luis Pérez Pastor, dirigido a Leire Díez. Dicho archivo contenía las líneas maestras y las funciones del cargo que se estaba tramitando, con el objetivo de que la futura directiva validara el contenido antes de iniciar el procedimiento administrativo formal.
Estas actuaciones se enmarcan en una investigación más amplia que analiza la gestión de los recursos públicos en Correos y las posibles influencias en la toma de decisiones estratégicas durante el mandato de Serrano. La UCO continúa analizando los dispositivos electrónicos incautados para determinar el alcance total de estas prácticas y si existen otros contratos afectados por procedimientos similares dentro de la entidad pública.
Por el momento, la investigación judicial sigue su curso a la espera de nuevas diligencias que clarifiquen la responsabilidad de los implicados en la elaboración y aprobación de estas convocatorias de empleo público bajo sospecha.
