Varios socios de la UE rechazan vincular la oficialidad de las lenguas cooficiales con la ampliación europea
Varios Estados miembros de la Unión Europea han manifestado este martes su disconformidad con la estrategia del Gobierno de España de condicionar el proceso de ampliación de los Veintisiete al reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión. Durante la celebración del Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, representantes de países como Alemania, Lituania y Suecia calificaron de «no aceptable» la posibilidad de frenar la integración de nuevos socios candidatos si no se atiende previamente la demanda lingüística española.
El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, fue el encargado de defender la posición de España en un «punto de información», un formato que permite la exposición de argumentos pero no la toma de decisiones vinculantes. Tras una intervención de aproximadamente diez minutos por parte de la delegación española, las delegaciones de Lituania, Alemania y Suecia tomaron la palabra para expresar su rechazo a que se mezclen ambos expedientes, el de la ampliación y el del régimen lingüístico, en una discusión que se prolongó apenas cinco minutos adicionales.
El viceministro de Asuntos Europeos de Lituania, Sigitas Miktus, fue tajante al señalar ante los medios que para su Gobierno la propuesta «no es aceptable». En la misma línea, el secretario de Estado de Alemania para Europa, Gunther Krichbaum, advirtió sobre el riesgo de trasladar reclamaciones de carácter doméstico al debate sobre la integración de nuevos miembros, argumentando que no es útil «bilateralizar» la política europea. Por su parte, la ministra sueca, Jessica Rosencrantz, insistió en que la ampliación y la oficialidad de las lenguas son cuestiones distintas que requieren procesos de análisis técnico diferenciados.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España se ha ofrecido una lectura distinta del encuentro. Fuentes diplomáticas españolas sostienen que ningún Estado miembro ha rechazado formalmente la propuesta ni ha presentado argumentos de peso en contra. Según la delegación española, la cita ha servido para constatar una «amplia comprensión» por parte de la mayoría de los socios y una disposición al diálogo para resolver las dudas técnicas que aún persisten en algunas capitales.
Fernando Sampedro defendió en Bruselas que España lleva tres años atendiendo todas las consultas sobre la viabilidad legal, económica y práctica de la oficialidad de las lenguas cooficiales. El secretario de Estado insistió en que no existen motivos presupuestarios ni técnicos que justifiquen el retraso en el reconocimiento de los derechos lingüísticos de 20 millones de ciudadanos europeos. Asimismo, subrayó que la propuesta española no requiere una reforma de los Tratados de la UE, sino una modificación del reglamento de lenguas.
Esta es la octava ocasión en la que el Ejecutivo español plantea la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera ante el Consejo de Ministros de la Unión. A pesar de la insistencia de España por mantener el debate a nivel político, países como Croacia o Suecia siguen reclamando evaluaciones de impacto técnico y el respaldo de los servicios jurídicos del Consejo antes de proceder a cualquier votación que requiera la unanimidad de los Veintisiete.
