La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha emitido un comunicado oficial con motivo de la constitución del nuevo Consejo Fiscal, en el que denuncia una estrategia de «deslegitimación» y una «creciente instrumentalización política» de las decisiones adoptadas por el Ministerio Público. La asociación advierte que la erosión de la credibilidad institucional, mediante el uso de descalificaciones personales y simplificaciones de carácter partidista, supone una amenaza directa para la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho.
La organización ha lamentado lo que califica como una «erosión deliberada» de la institución, diferenciando la crítica legítima de las campañas de desinformación. En este contexto, la UPF subraya que el Consejo Fiscal no debe ser interpretado como un «parlamento de los fiscales», sino como un órgano técnico esencial para la deliberación, la participación y la formulación de propuestas que contribuyan al fortalecimiento del servicio público.
Llamamiento a la lealtad institucional
Tras la reciente configuración del órgano consultivo, la asociación insta a sus miembros a ejercer una responsabilidad que trascienda las «convicciones, sensibilidades y adscripciones asociativas» individuales. El comunicado enfatiza que la «discrepancia razonada» es una herramienta de mejora para la Fiscalía, ya que previene errores y refuerza la calidad de las decisiones jurídicas, siempre que se mantenga dentro de un marco de lealtad institucional.
Para la UPF, la diversidad de trayectorias profesionales y sensibilidades jurídicas dentro del Consejo debe enriquecer el debate colectivo. «El consenso no exige uniformidad, pero sí exige reconocer al discrepante como interlocutor legítimo y mantener una voluntad sincera de entendimiento», señala el documento, que marca como objetivo compartido la búsqueda de espacios de acuerdo frente a los desafíos complejos que afronta la carrera fiscal.
Defensa de la independencia profesional
La asociación ha expresado su preocupación por el clima actual de polarización y hace un llamamiento a los nuevos vocales para que actúen en defensa de la «independencia, la credibilidad y la dignidad» del Ministerio Fiscal, evitando el posicionamiento en favor de personas concretas o de intereses ideológicos determinados. Según la UPF, la instrumentalización de la institución representa un riesgo real para la estabilidad del ordenamiento jurídico.
Este pronunciamiento se produce en un escenario marcado por los resultados de las últimas elecciones al Consejo Fiscal, en las que la Asociación de Fiscales (AF) obtuvo una mayoría de seis representantes. Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales cuenta con dos vocalías, mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) dispone de un representante en el órgano.
Finalmente, la nota concluye emplazando a los integrantes del Consejo a perseguir la «unidad institucional» como garantía de imparcialidad, reafirmando que el papel del Ministerio Público es actuar exclusivamente bajo los principios de legalidad y objetividad, lejos de las disputas políticas del momento.
