Un juzgado de Valencia suspende un desahucio en la primera jornada de vigencia del nuevo decreto de vivienda

Un juzgado de Valencia ha acordado la paralización de un lanzamiento previsto para este jueves en la pedanía de Benimàmet, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo decreto ley de vivienda aprobado por el Gobierno de España. La resolución judicial se produce tras la solicitud de la defensa de las ocupantes, quienes acreditaron su situación de vulnerabilidad ante la falta de una alternativa habitacional inmediata.

La decisión judicial responde al recurso presentado este miércoles, en el que se instaba al tribunal a recabar informes urgentes de los servicios sociales municipales y de la Generalitat Valenciana. El objetivo de estas diligencias es evaluar los recursos de vivienda pública disponibles para las dos personas afectadas, una mujer joven y su conviviente, que residían en el inmueble conocido como «La Rabosa».

La suspensión del procedimiento se enmarca en el nuevo marco normativo estatal, que establece la prórroga de la suspensión de los desahucios para personas en situación de especial vulnerabilidad hasta el 31 de diciembre de 2030. Esta medida es aplicable de forma específica en aquellos casos donde la propiedad del inmueble recae en empresas calificadas como grandes tenedores o sociedades dedicadas a la gestión de activos inmobiliarios.

Desde el Sindicat de Llogateres de València, organización que había convocado una concentración de protesta frente a la vivienda para evitar el desalojo, se ha informado de que el juez ha aceptado la paralización indefinida del proceso. Según los representantes legales de las residentes, la propiedad del activo pertenece a una empresa dedicada a la compra de carteras de propiedades bancarias, lo que faculta la aplicación de la protección contemplada en el decreto.

Este caso representa una de las primeras aplicaciones jurídicas de la nueva normativa en la Comunidad Valenciana tras su publicación oficial. El decreto ley busca reforzar la seguridad jurídica de los inquilinos y ocupantes en situación precaria, supeditando los lanzamientos a la existencia de informes de vulnerabilidad y a la gestión de alternativas por parte de las administraciones públicas competentes.

La entrada en vigor de estas medidas legislativas coincide con un debate intenso en las instituciones sobre el acceso a la vivienda y la regulación del mercado inmobiliario. Con esta resolución, la autoridad judicial prioriza el análisis de la situación social de las afectadas antes de proceder con la ejecución del desalojo instado por la parte propietaria.