Venezuela inicia la excarcelación de 131 detenidos bajo la aplicación de la Ley de Amnistía

Las autoridades de Venezuela han formalizado este viernes la concesión de medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con eventos de carácter político. La medida se enmarca en la normativa de amnistía aprobada a principios de año, la cual contempla la revisión de causas judiciales por delitos cometidos desde 1999.

El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática informó que estas medidas fueron acordadas por los tribunales de la República tras una petición formal del Ministerio Público. Según el comunicado oficial difundido en redes sociales, la iniciativa surge tras una evaluación jurídica de personas vinculadas a atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la nación.

La organización no gubernamental Foro Penal, encargada del seguimiento de la situación de los detenidos en el país, confirmó inicialmente la liberación de un primer grupo de 17 personas. Entre las excarceladas destaca Emirlendris Benítez, quien se encontraba privada de libertad desde 2018. Su caso había sido objeto de informes por parte de Amnistía Internacional, que en 2023 denunció irregularidades en su detención y el grave deterioro de su estado de salud durante su permanencia en prisión.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) manifestó su satisfacción por las liberaciones, aunque enfatizó la necesidad de una reparación integral para las víctimas que han denunciado tratos crueles e inhumanos. La organización subrayó que, a pesar de este contingente de liberaciones, todavía permanecen cientos de ciudadanos bajo custodia judicial por motivos políticos en diversas instalaciones penitenciarias.

Este procedimiento jurídico responde a los anuncios realizados a finales de enero por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. El plan institucional contempla no solo la aplicación de la ley de amnistía, sino también el cierre de las instalaciones de El Helicoide, centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). El objetivo del Ejecutivo es la reconversión de dicha infraestructura en un espacio destinado a fines culturales y deportivos.