martes, noviembre 3, 2026
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Vidal-Quadras pide 31 años de cárcel por su atentado

La defensa de Vidal-Quadras solicita 31 años de prisión para el autor material del atentado

La representación legal del exeurodiputado y expresidente del Partido Popular en Cataluña, Alejo Vidal-Quadras, ha formalizado este lunes su escrito de acusación ante la Audiencia Nacional en relación con el intento de asesinato sufrido el pasado 3 de noviembre de 2023 en Madrid. La defensa solicita una condena de 31 años de prisión para Mehrez Ayari, presunto autor material del disparo, al considerar los hechos como delitos de organización criminal y tentativa de homicidio terrorista.

El escrito, presentado tras el cierre de la fase de instrucción, enmarca la agresión en una estrategia planificada y ejecutada por una estructura criminal con distintos niveles de responsabilidad. Según el documento, el atentado fue encargado por personas no identificadas a Sami Bekal, actualmente en paradero desconocido, quien habría sido el encargado de reclutar y coordinar a la célula operativa.

Para el resto de los implicados, la acusación particular pide penas que varían según su grado de participación. Para los colaboradores cercanos Naraya Gómez y Chahinez Kadid se solicitan 26 años de cárcel, mientras que para Larbi Ayari, Greg Oliver Higuera y Nafis Din la petición es de 16 años. En el caso de Adrián Ruiz, la defensa aprecia un papel de cómplice y limita su petición a la integración en organización criminal.

La tesis de la defensa vincula directamente el ataque con la actividad política del exeurodiputado y su apoyo a la oposición democrática de Irán. El escrito sostiene que el atentado fue una «represalia» por su oposición al régimen de los ayatolás y señala la existencia de una «mutación táctica» por parte de la República Islámica. Según esta argumentación, el régimen habría pasado de utilizar agentes estatales a subcontratar «intermediarios criminales» y mafias locales para dificultar la trazabilidad operativa y diluir su responsabilidad directa.

El objetivo de esta acción, según la acusación, sería «advertir» al Gobierno de España y a la Unión Europea sobre el respaldo a movimientos de resistencia iraníes. La defensa subraya que este patrón operativo permite al régimen negar su implicación formal en ataques letales ejecutados en territorio extranjero.

En el apartado de responsabilidad civil, se reclama una indemnización de 250.000 euros para Vidal-Quadras debido a las secuelas padecidas, que incluyen pérdida de audición, depresión grave y estrés postraumático. Con la presentación de este escrito, el procedimiento judicial avanza hacia la apertura de juicio oral en la Audiencia Nacional.

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