El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este miércoles una proposición no de ley (PNL) presentada por el Partido Popular en materia de vivienda, la cual ha incorporado una enmienda del grupo Vox para aplicar de forma efectiva el principio de prioridad nacional. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de ambas formaciones, mientras que las propuestas presentadas por la oposición —PSPV-PSOE y Compromís— han sido rechazadas por la mayoría de la cámara autonómica.
El texto aprobado insta al Consell a profundizar en los objetivos del Plan Vive, orientado a la construcción de viviendas de protección pública (VPP) para paliar el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Según la iniciativa, el objetivo es facilitar el acceso a una vivienda digna a sectores vulnerables, jóvenes y familias de rentas medias y bajas. La enmienda de Vox aceptada por los populares añade la implementación del principio de prioridad nacional, de acuerdo con la legalidad vigente, para asignar recursos públicos preferentemente a quienes demuestren un arraigo real y duradero.
En el ámbito estatal, la propuesta aprobada exige al Gobierno de España la movilización de suelo público de titularidad estatal para alquiler asequible, con precios un 30% inferiores a la media del mercado. Asimismo, se solicita la derogación de la Ley estatal de Vivienda, la bonificación o eliminación del IRPF para jóvenes en sus primeros cuatro años laborales, la rebaja del IVA al 4% para la compra de primera vivienda nueva y la autorización a los ayuntamientos para emplear sus remanentes de tesorería en políticas habitacionales.
Por otro lado, el bloque de la derecha ha rechazado las propuestas de PSPV y Compromís, que coincidían en la exigencia de revertir los recientes incrementos en los precios máximos de las VPP. Los grupos de la izquierda solicitaban recuperar el módulo de 2.200 euros por metro cuadrado, frente a los 2.568 euros actuales, alegando la necesidad de garantizar la asequibilidad y evitar dinámicas especulativas en el parque público de vivienda.
Durante el debate, el diputado del PP Nando Pastor defendió la gestión del Consell y destacó la adhesión de 85 ayuntamientos al Plan Vive, incluidos municipios gobernados por el PSPV. Desde las filas socialistas, José Muñoz denunció que el modelo del actual ejecutivo autonómico favorece la especulación. Joan Baldoví, síndic de Compromís, criticó el aumento de precios y reprochó a Vox sus planteamientos sobre los servicios públicos, calificándolos de intentos de generar crispación social.
En la misma sesión parlamentaria, el Partido Popular se ha abstenido en una PNL presentada por Vox relativa a la supuesta saturación de los servicios públicos debido a la inmigración masiva. Esta abstención ha provocado el rechazo de la iniciativa, que pedía la repatriación de inmigrantes en situación irregular y de aquellos legales que cometieran delitos. José María Llanos, portavoz de Vox, sostuvo que los recursos públicos son limitados y están alcanzando su capacidad máxima.
A pesar de la falta de acuerdo en materia migratoria, la convergencia de PP y Vox en la propuesta de vivienda consolida la estrategia del Gobierno valenciano para el impulso de la construcción protegida, vinculando ahora estas políticas a criterios de prioridad por arraigo, en un contexto de creciente debate sobre los costes de la edificación y el acceso al mercado inmobiliario en la Comunidad Valenciana.
