Vox vincula la gestión de vivienda del Gobierno con el fallecimiento de la mujer desahuciada en Madrid
La formación política Vox ha responsabilizado este jueves al Gobierno de España por las políticas de vivienda tras el fallecimiento de Maricarmen, la mujer de 87 años que murió dos semanas después de ser desahuciada. La portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales del partido, Rocío de Meer, ha acusado al Ejecutivo de «instrumentalizar» la tragedia y de ignorar la problemática habitacional durante los últimos ocho años de gestión socialista.
En declaraciones recogidas por Europa Press, De Meer ha lamentado el deceso de la octogenaria y ha señalado que las políticas de vivienda del PSOE han generado, a su juicio, «ruina y precariedad». La portavoz parlamentaria incidió en que el Gobierno ha hecho uso del sufrimiento de la fallecida y su entorno familiar para eludir sus responsabilidades institucionales en la materia, calificando de «lamentable» la actitud de los responsables gubernamentales ante este suceso.
Por su parte, el eurodiputado de la formación, Hermann Tertsch, ha señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como responsable de la situación que atravesaba la mujer. Tertsch ha solicitado públicamente a través de sus redes sociales que se realice una autopsia para determinar con exactitud las causas de la muerte, a la que ha definido como «súbita». El representante de Vox basó su petición en las supuestas críticas que la propia fallecida habría dirigido contra el presidente antes de su pérdida.
Desde los canales oficiales de la formación que preside Santiago Abascal, se ha emitido un mensaje institucional donde se sostiene que el Ejecutivo ha utilizado este caso para articular una campaña de distracción frente al «desastre» de su gestión inmobiliaria. Vox ha enmarcado este episodio dentro de una lista de crisis que, según su criterio, reflejan la deficiencia de los servicios y políticas públicas actuales.
Este cruce de acusaciones se produce en un momento de especial sensibilidad política respecto a la aplicación de la Ley de Vivienda y las medidas de protección para colectivos vulnerables frente a los lanzamientos. Mientras el Gobierno defiende sus avances legislativos para frenar los desahucios sin alternativa habitacional, la oposición parlamentaria cuestiona la eficacia real de dichas medidas y el impacto social de la actual normativa.
