La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro, en Córdoba, ha dictado un auto por el que acuerda unificar la representación y dirección letrada de las acusaciones populares en la causa del siniestro ferroviario de Adamuz bajo la dirección de la formación política Vox. La decisión se fundamenta en el criterio de prioridad temporal, al ser este partido el primero en personarse en las diligencias que investigan el accidente ocurrido el pasado 18 de enero, en el cual fallecieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas.
La resolución judicial especifica que esta medida no supone la exclusión, el desistimiento ni la pérdida de legitimación procesal de las entidades personadas. De este modo, la Asociación HazteOir.org, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), la Asociación Víctimas de los Políticos y la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz mantendrán su condición de partes y el acceso a las actuaciones, si bien su intervención deberá canalizarse obligatoriamente a través de la representación común asignada.
La unificación de las acusaciones ha contado con la oposición de las partes afectadas, incluida la propia formación Vox. El partido argumentó la falta de presupuestos para una imposición automática y defendió que la acción popular es un derecho fundamental recogido en el artículo 125 de la Constitución. En su escrito, la formación sostuvo que no existe riesgo de dilaciones indebidas ni alteración del orden del proceso, rechazando la convergencia de intereses entre los distintos colectivos personados.
Por su parte, el sindicato Semaf alegó que la medida vulnera los principios de proporcionalidad y el derecho a la defensa, que a su juicio deben prevalecer sobre la economía procesal. La organización sindical subrayó su especial cualificación técnica en materia ferroviaria y la existencia de intereses específicos vinculados a la seguridad laboral, sugiriendo que los hechos podrían tipificarse como un delito contra los derechos de los trabajadores, lo que diferenciaría su estrategia letrada de la del resto de acusaciones.
La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz también se manifestó en contra, calificando de discriminatorio el criterio de prioridad temporal. La entidad remarcó que sus fines se centran estrictamente en la defensa de los afectados y la búsqueda de la verdad técnica, desmarcándose de otras acusaciones que podrían responder a motivaciones de índole política ajenas a los damnificados por el siniestro.
En sentido contrario, el Ministerio Fiscal avaló la unificación al considerar que el elevado número de personaciones afecta al buen orden del procedimiento y al derecho a un proceso sin dilaciones. La Fiscalía argumentó la existencia de una identidad sustancial de intereses en el ejercicio de la acción popular y solicitó aplicar el criterio objetivo fijado por el Tribunal Supremo, que otorga la dirección a la primera personación registrada.
Ante la falta de consenso entre las partes para designar una representación común de forma voluntaria, la magistrada ha ratificado la dirección de Vox para asegurar la agilidad de la instrucción. El auto concluye que esta agrupación procesal permite compatibilizar el derecho de intervención de los ciudadanos en la administración de justicia con la eficacia necesaria en una causa de gran complejidad técnica y humana.
