La formación política Vox ha interpuesto una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y varios portavoces del Sindicato de Inquilinas y de la Coordinadora Juvenil Socialista. La acción legal se fundamenta en la acampada que permanece en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre, la cual el partido califica de concentración ilegal.
En el escrito presentado ante el juzgado, la representación letrada de la formación denuncia al representante del Ejecutivo central por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación administrativa por omisión. Vox sostiene que el delegado del Gobierno habría permitido la permanencia de los manifestantes en la plaza pública sin contar con las autorizaciones administrativas pertinentes.
Asimismo, la querella se dirige contra los portavoces identificados de las organizaciones sociales que promueven la protesta, a quienes se les atribuye un presunto delito de reunión ilícita. El texto destaca que los organizadores no habrían impedido la presencia de individuos con objetos peligrosos en el recinto. Entre los querellados figuran nombres como Valeria Racu, Alicia del Río, Carolina Vilariño y Fernando de los Santos, además de otros miembros de la Comisión de Urbanismo de la acampada cuya identificación completa se solicita al tribunal.
Un apartado significativo de la denuncia se centra en la protección de la libertad de información. Vox solicita a la justicia que identifique a los responsables de las agresiones y actos de acoso sufridos por profesionales de distintos medios de comunicación mientras cubrían los eventos en la Puerta del Sol. La querella enumera incidentes contra equipos de programas como «Código 10», «Horizonte», y redactores de medios como El Debate, EDA TV, Libertad Digital y Telemadrid, quienes habrían sufrido golpes, intentos de sustracción de material y obstrucción de sus emisiones en directo.
Como diligencias de investigación, la formación solicita que se preserven las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona entre el 26 de septiembre y el 8 de octubre. También reclama informes al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid para valorar posibles daños patrimoniales en monumentos como el Oso y el Madroño o la Real Casa de Correos, así como la incorporación de los atestados policiales y actas de aprehensión de objetos contundentes.
Finalmente, el escrito advierte sobre la posible implicación de más promotores cuya identidad aún no ha sido confirmada, solicitando que la instrucción determine si existen más responsables en la dirección de la acampada. Esta iniciativa judicial se suma a las peticiones de desalojo ya registradas por otras administraciones autonómicas ante la situación de la céntrica plaza madrileña.
