Vox anuncia acciones legales contra la ONG No Name Kitchen por los incidentes en Ceuta
El partido político Vox ha informado este domingo sobre el inicio de medidas jurídicas contra la organización no gubernamental (ONG) No Name Kitchen, tras vincularla con el presunto reparto de artefactos incendiarios de fabricación casera entre migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta. La formación sostiene que estos elementos habrían sido utilizados en altercados recientes que resultaron en la deflagración y liberación de gases contra las fuerzas de seguridad.
Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, ha denunciado lo que califica como ataques reiterados hacia los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera. Según el representante de la formación, existe una falta de medios y de protocolos claros de actuación que permitan a los efectivos desplegados en la zona defenderse con garantías frente a las agresiones registradas en el perímetro fronterizo.
La ofensiva legal anunciada por el partido incluye la interposición de una denuncia penal contra los responsables de la citada ONG. Los cargos que la formación pretende imputar abarcan presuntos delitos de organización criminal, atentado contra la autoridad, lesiones y tentativa de homicidio. Esta decisión se produce tras los informes sobre la identificación de varios integrantes de No Name Kitchen por parte de las autoridades competentes en el marco de una investigación abierta.
En el ámbito institucional, Vox ha solicitado formalmente a la Comisión Europea la realización de una auditoría integral sobre la totalidad de los fondos públicos recibidos por la organización. Asimismo, han demandado la congelación inmediata de cualquier pago o proyecto europeo vinculado a la entidad y han instado a las autoridades a iniciar los trámites para su ilegalización, tanto en España como en el resto de la Unión Europea.
Buxadé ha fundamentado estas acciones bajo el argumento de que no se puede permitir la actividad de entidades que, a su juicio, actúan de forma contraria a los intereses de la seguridad nacional y de los agentes encargados de la vigilancia fronteriza. El eurodiputado ha insistido en la necesidad de cesar el flujo de dinero público hacia organizaciones que la formación vincula con la gestión de entradas irregulares en territorio español.
