Vox coordina la implantación de su plan de desregulación en cuatro comunidades autónomas
Los vicepresidentes de las comunidades autónomas donde Vox forma parte del gobierno —Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía— han acordado una hoja de ruta común para la aplicación de su programa nacional de desregulación. El objetivo de este plan conjunto es la eliminación de entidades calificadas como superfluas y la reducción de cargas burocráticas en las administraciones regionales, bajo la premisa de simplificar el acceso del ciudadano a los servicios públicos.
La estrategia ha sido ratificada en una reunión de trabajo en Madrid, en la que han participado Manuel Gavira (Andalucía), Alejandro Nolasco (Aragón), Carlos Pollán (Castilla y León) y Óscar Fernández (Extremadura), junto al portavoz de desregulación de Vox, José María Figaredo, y la secretaria general adjunta, Montse Lluis. El encuentro ha servido para unificar criterios y asegurar que las medidas adoptadas en cada territorio sigan una dirección cohesionada con el programa nacional del partido.
Eliminación de la cita previa obligatoria
Una de las medidas centrales del acuerdo es la supresión de la obligatoriedad de la cita previa para realizar trámites en las dependencias públicas gestionadas por estas administraciones. Según el programa de desregulación, esta medida busca facilitar que los ciudadanos puedan acudir presencialmente a las instituciones sin necesidad de concertar turnos previos por teléfono o internet, eliminando así las listas de espera y bloqueos detectados en el sistema actual.
Esta iniciativa se enmarca en los compromisos adquiridos en los pactos de gobierno de coalición con el Partido Popular y se plantea como un primer paso para reducir el tamaño de la estructura administrativa autonómica. La simplificación de los procesos administrativos es, según la formación, uno de los ejes centrales para mejorar la eficiencia del Estado.
Prioridad nacional y vía rápida administrativa
El plan conjunto también contempla el refuerzo del principio de «prioridad nacional» en el diseño de las políticas regionales y en la percepción de ayudas públicas. Asimismo, se ha acordado el desarrollo de una «vía rápida administrativa» que se sustentará en tres pilares técnicos: la ventanilla única, el silencio administrativo positivo y el uso del dato único para evitar la duplicidad de información solicitada al ciudadano.
Complementariamente, cada una de estas comunidades autónomas pondrá en funcionamiento un «buzón de desregulación». Este canal permanente estará abierto a ciudadanos, autónomos y empresas para que remitan propuestas directas sobre la eliminación de normas o trámites que dificulten su actividad diaria o su relación con la Administración.
Impacto económico de la hiperregulación
Desde la dirección nacional de Vox se estima que el coste de la hiperregulación en España asciende a 90.000 millones de euros anuales. Según los cálculos presentados por la formación, esta cifra equivale aproximadamente al 88% del gasto sanitario público anual en todo el país. El objetivo final de la denominada «hoja de ruta de desregulación» es reorientar estos recursos y reducir la maraña normativa vigente.
La formación ha subrayado que la efectividad de estas medidas será evaluada mediante objetivos concretos y medibles sobre el terreno. El acuerdo establece una interlocución permanente entre los ejecutivos regionales y la dirección del partido para asegurar el cumplimiento del cronograma de simplificación administrativa en las cuatro comunidades implicadas.
