Vox solicita informes jurídicos en sus gobiernos regionales para analizar la «ley de nietos»

Los vicepresidentes autonómicos de Vox en Castilla y León, Extremadura y Aragón han solicitado a los servicios jurídicos de sus respectivos gobiernos regionales la elaboración de informes técnicos para evaluar una posible invasión de competencias por parte de la Ley de Memoria Democrática. La formación busca analizar el impacto de la disposición adicional octava, conocida como «ley de nietos», en el censo electoral y en las atribuciones propias de las comunidades autónomas.

Esta iniciativa, que según fuentes de la formación también se trasladará a Andalucía, tiene como objetivo estudiar el «encaje jurídico» de la normativa aprobada en 2022. Vox sostiene que la aplicación de esta ley está facilitando la incorporación de un elevado número de ciudadanos extranjeros al censo electoral, un proceso que califican de falto de transparencia y que, a su juicio, podría afectar la integridad de futuros procesos democráticos, con especial atención a las elecciones generales de 2027.

Desde la formación liderada por Santiago Abascal se advierte que el procedimiento de concesión de nacionalidad se está ejecutando de forma «opaca y sin control alguno». Los informes solicitados pretenden determinar los instrumentos legales de los que disponen los gobiernos regionales para defender los intereses de sus ciudadanos ante lo que consideran una maniobra de alteración del cuerpo electoral dirigida desde el Gobierno central.

Uno de los puntos críticos señalados por el partido es el aumento de votantes en el censo que, en muchos casos, no han residido nunca en España ni mantienen vínculos verificables con las provincias donde se les asigna el derecho al voto. Vox insiste en que la medida «engorda» las listas electorales de manera artificial, comprometiendo la representatividad de las demarcaciones provinciales en los comicios nacionales.

Con esta ofensiva jurídica, los gobiernos de coalición donde participa Vox pretenden utilizar todos los mecanismos institucionales a su alcance para fiscalizar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. La petición de estos informes marca un nuevo episodio de tensión competencial entre las administraciones autonómicas y el Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de nacionalidad y derechos civiles.