Vox solicita al Supremo suspender el voto de los hijos de nacionalizados por la ‘ley de nietos’ con expedientes bajo revisión
La formación política Vox ha presentado un escrito de alegaciones ante el Tribunal Supremo en el que solicita la suspensión cautelar del derecho al voto para los descendientes de ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’. La medida afectaría a aquellos hijos cuyos progenitores se encuentren actualmente bajo suspensión cautelar por no haber aportado la certificación consular que acredite de forma fehaciente su condición de exiliados.
El partido fundamenta su petición en el principio de dependencia jurídica, argumentando que el acceso a la nacionalidad de estos descendientes se apoya en el reconocimiento previo de la de sus padres. Según sostiene la formación en un comunicado, permitir que estos ciudadanos ejerzan el derecho al sufragio mientras los efectos electorales de la inscripción del progenitor están suspendidos restaría eficacia a las medidas preventivas acordadas por la justicia.
Esta solicitud surge en el marco de un procedimiento donde el Tribunal Supremo ha otorgado un plazo de tres días a las partes para que se pronuncien sobre la extensión de las medidas cautelares, a raíz de una petición previa del partido Iustitia Europa. Los magistrados han desestimado la adopción de medidas de urgencia «inaudita parte», pero han abierto un trámite de audiencia que concluirá el próximo miércoles para evaluar los derechos e intereses en conflicto.
En el plano operativo, Vox ha demandado que los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia remitan, antes del 20 de noviembre, una relación nominal detallada de los hijos afectados a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral. Esta lista deberá incluir la identificación de los progenitores y la documentación acreditativa del exilio correspondiente para proceder a su verificación individual.
Asimismo, el escrito solicita que los sobres y la documentación electoral de estos ciudadanos se custodien por separado en las oficinas consulares y en las juntas electorales provinciales. El objetivo de esta medida es evitar que dichos votos se incorporen al cómputo definitivo hasta que se compruebe la regularidad de cada inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Finalmente, la formación ha denunciado que la información remitida por la Administración General del Estado sobre el proceso de nacionalización presenta deficiencias. Según el análisis de Vox, de los 145.580 registros analizados que contienen información sobre el exilio, únicamente el 0,62 % cuenta con la acreditación exigida, detectando además una carencia significativa de datos en miles de expedientes tramitados en el consulado de Buenos Aires.
