El Congreso debate la propuesta de Vox y PP para aplicar la «prioridad nacional» en el acceso a ayudas sociales

El Pleno del Congreso de los Diputados somete a debate esta semana una moción presentada por Vox, que cuenta con una enmienda de modificación del Partido Popular, orientada a establecer el principio de «prioridad nacional» en el acceso a las prestaciones públicas. La iniciativa busca restringir el acceso de los migrantes en situación irregular a los servicios sociales, viviendas protegidas y ayudas económicas, condicionando la percepción de fondos públicos a la nacionalidad española o a la acreditación de un arraigo prolongado en el territorio.

La propuesta de Vox, consecuencia de una interpelación urgente dirigida la pasada semana al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, plantea una reforma del sistema de bienestar para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva queden reservadas exclusivamente a los ciudadanos españoles. El texto de la formación que lidera Santiago Abascal insta al Gobierno a promover las modificaciones normativas necesarias en la Seguridad Social para garantizar esta preferencia.

En el ámbito migratorio, la moción original de Vox propone medidas de carácter restrictivo, incluyendo la repatriación de todos los extranjeros que se encuentren en situación irregular y la implementación de mecanismos legales que impidan procesos de regularización masiva. Asimismo, solicitan la derogación del Real Decreto que garantiza el acceso universal a la sanidad pública, con el objetivo de limitar la atención a los inmigrantes sin residencia legal a supuestos de estricta urgencia, emergencia o riesgo vital.

Por su parte, el Partido Popular ha registrado una enmienda en la que coincide en la aplicación del principio de «prioridad nacional», aunque vinculándolo a la existencia de un «arraigo real, duradero y verificable». Los populares sugieren que la asignación de recursos públicos debe priorizar a quienes mantienen un vínculo efectivo con el país, estableciendo para ello periodos mínimos de residencia y cotización. En concreto, el PP propone exigir un empadronamiento histórico de al menos diez años para el acceso a la compra de vivienda protegida y de cinco años para el alquiler social.

La postura del grupo parlamentario popular también aboga por adaptar de forma inmediata la legislación española al nuevo Reglamento Europeo de Retornos. En su texto, el PP defiende la exclusión de los inmigrantes en situación irregular de las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural, manteniendo únicamente el auxilio en situaciones de urgencia vital. Al igual que la propuesta de Vox, la enmienda del PP contempla la derogación del actual marco normativo de regularización extraordinaria de migrantes.

Finalmente, la iniciativa de Vox incluye restricciones en el ámbito judicial, proponiendo endurecer las condiciones para acceder a la asistencia jurídica gratuita. La formación plantea que se evalúe no solo la renta disponible en España, sino también el patrimonio que el solicitante posea en su país de origen. Además, la moción solicita excluir de este beneficio a los extranjeros que se encuentren incursos en procedimientos administrativos de expulsión del territorio nacional.