Vox interpone una querella contra el delegado del Gobierno en Baleares tras los incidentes en Menorca

La formación política Vox ha presentado una querella ante los tribunales contra el delegado del Gobierno en las Islas Baleares, Alfonso Rodríguez, en relación con los incidentes registrados durante un mitin de su presidente nacional, Santiago Abascal, en la localidad de Mahón. El partido solicita que se investigue la gestión del dispositivo de seguridad y la autorización de una concentración de protesta que, según la denuncia, derivó en actos violentos y puso en riesgo la integridad de los asistentes.

El escrito judicial atribuye al delegado del Gobierno la presunta comisión de delitos electorales, contra los derechos cívicos y de prevaricación administrativa. Vox fundamenta su acción legal en que la Delegación permitió una movilización de aproximadamente 400 personas en las proximidades del acto político, a pesar de los precedentes de altercados ocurridos días antes en otras ciudades como A Coruña y Avilés.

Los hechos objeto de la querella se remontan al pasado viernes, cuando unos 400 activistas, convocados por el sindicato CGT y entidades locales, se concentraron inicialmente en el parque Rochina del puerto de Mahón. Según el relato de la formación, los manifestantes abandonaron la zona autorizada y lograron superar varios controles policiales hasta alcanzar las inmediaciones de la plaza de la Conquista, lugar donde se desarrollaba el mitin de Abascal.

La denuncia detalla que los concentrados bloquearon las salidas del recinto y lanzaron diversos objetos, incluyendo sillas, contra los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, la querella recoge que el vehículo oficial en el que se desplazaba Santiago Abascal fue rodeado y golpeado por algunos de los presentes, llegando a recibir el impacto de una silla durante los momentos de mayor tensión.

Desde el punto de vista administrativo y de seguridad, Vox sostiene que la Delegación del Gobierno no dispuso de los efectivos suficientes para garantizar el desarrollo pacífico del acto electoral. Por ello, la formación ha solicitado al juzgado que se reclamen de forma urgente los expedientes de las convocatorias, los informes de riesgo elaborados previamente y las órdenes operativas dadas al dispositivo policial desplegado en Mahón.

Finalmente, la querella no se limita a la responsabilidad del delegado del Gobierno, sino que insta a la justicia a identificar e investigar tanto a los promotores de la concentración como a los autores materiales de los actos de violencia. Con esta medida, el partido busca dirimir si existió una dejación de funciones en la protección de los derechos fundamentales de reunión y libertad de expresión durante el periodo electoral.