Vox interpone una querella contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz por presunta prevaricación
La formación política Vox ha presentado formalmente una querella ante los órganos judiciales competentes contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La acción legal se fundamenta en la presunta comisión de delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y tráfico de influencias, en el marco de las investigaciones seguidas contra la exmilitante socialista Leire Díez.
La iniciativa jurídica surge tras el reconocimiento por parte de la Fiscalía General del Estado ante la Audiencia Nacional de la existencia de contactos institucionales previos. Según consta en el escrito, Leire Díez —quien se encuentra investigada por presuntas maniobras dirigidas a obstaculizar diligencias judiciales que afectaban al entorno del Gobierno y del PSOE— mantuvo al menos dos encuentros con Diego Villafañe, quien fuera teniente fiscal de la Secretaría Técnica y estrecho colaborador del ex fiscal general.
El fundamento de la querella se apoya en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en mensajes intervenidos durante la instrucción. En dichas comunicaciones, la investigada Díez manifestaba supuestamente disponer de libre acceso a la cúpula de la Fiscalía General del Estado. El texto detalla que los días 3 y 10 de abril se celebraron reuniones en la sede de la institución en las que participaron Villafañe, el letrado Jacobo Teijelo y la propia Díez, quien habría sido presentada como integrante del equipo jurídico del abogado.
En el plano procedimental, Vox ha solicitado que se tome declaración a García Ortiz para esclarecer su grado de conocimiento o participación en estos hechos. Asimismo, la formación reclama la incorporación a la causa de toda la documentación relativa a denuncias, registros de reuniones y comunicaciones internas que pudieran arrojar luz sobre la naturaleza de estos contactos y determinar si existió una voluntad de interferir en las investigaciones judiciales en curso.
Finalmente, el escrito demanda la apertura de nuevas diligencias para identificar posibles responsabilidades adicionales derivadas de estas actuaciones. Esta querella se suma a la controversia institucional que rodea a la gestión de la Fiscalía General en relación con casos de sensibilidad política, subrayando la necesidad de esclarecer en sede judicial si los cauces institucionales fueron utilizados para fines ajenos a la persecución del delito y el interés general.
