Vox recurre ante la Audiencia Nacional la adjudicación de la nueva licencia de TDT

La formación política Vox ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la reciente adjudicación de una licencia estatal de Televisión Digital Terrestre (TDT). El recurso se dirige contra el acuerdo del Consejo de Ministros que otorgó dicha frecuencia a la sociedad vinculada al empresario José Miguel Contreras, alegando que el proceso administrativo incurrió en posibles irregularidades legales.

Según el escrito presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la formación sostiene que la concesión de la licencia habría vulnerado los principios de igualdad, objetividad y libre concurrencia que deben regir los procedimientos públicos de licitación. Vox impugna específicamente la resolución de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial que dio cumplimiento al acuerdo adoptado por el Ejecutivo el pasado 26 de mayo.

En la fundamentación del recurso, los servicios jurídicos del partido argumentan que la decisión gubernamental «no se ajusta a Derecho». Por este motivo, han solicitado a la instancia judicial que requiera a la Administración el envío del expediente administrativo íntegro. Esta petición incluye todos los informes, valoraciones técnicas y documentos en los que el Consejo de Ministros basó su resolución final para resolver el concurso de la nueva frecuencia.

El registro del recurso se efectuó formalmente a través del sistema LexNET el pasado lunes, 27 de julio, quedando la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial señalada como el órgano responsable de la resolución objeto de la impugnación. En esta fase inicial, el procedimiento se ha fijado con una cuantía indeterminada, a la espera de que la parte recurrente formalice la demanda una vez analizada la documentación solicitada.

Con esta acción judicial, se abre un proceso de revisión sobre la transparencia en el reparto del espacio radioeléctrico nacional. El tribunal deberá ahora decidir si admite a trámite el requerimiento del expediente para que la formación política pueda desarrollar con precisión los fundamentos jurídicos que, a su juicio, invalidarían la adjudicación de la licencia televisiva.