Vox recurre al Supremo el decreto de regularización y activa una campaña nacional contra la inmigración masiva

La formación Vox ha formalizado este martes su estrategia de oposición frontal a la política migratoria del Ejecutivo con el anuncio de un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de regularización de extranjeros aprobado en el Consejo de Ministros. Esta ofensiva judicial se complementa con el lanzamiento de una campaña informativa a pie de calle bajo el lema «La inmigración masiva tiene consecuencias», con la que el partido busca situar el control fronterizo y la prioridad nacional en el centro del debate público.

Los portavoces nacionales de la formación, Isabel Pérez Moñino y Carlos H. Quero, han presentado la iniciativa frente a las puertas del Congreso de los Diputados. Durante el acto, han detallado que la propuesta política se articula sobre tres ejes fundamentales: la ejecución de deportaciones masivas de quienes se encuentren en situación irregular, el refuerzo del control de las fronteras y la aplicación del principio de prioridad nacional en el acceso a los recursos del Estado.

Vía judicial y medidas cautelares

El recorrido jurídico de esta oposición se materializará en un recurso ante el Tribunal Supremo, tal y como adelantó el secretario general de la formación, Ignacio Garriga. El partido solicitará la suspensión cautelar del Real Decreto, argumentando que el uso de esta figura normativa para un proceso de tal calado supone una elusión de los cauces parlamentarios ordinarios. Desde la formación califican la medida gubernamental como una institucionalización de la llegada irregular de personas, enviando un mensaje que, a su juicio, fomenta el quebrantamiento de las normas de entrada en el país.

Impacto en servicios públicos y vivienda

Isabel Pérez Moñino, portavoz nacional de Agenda España, ha vinculado la aprobación del decreto con una supuesta saturación de los servicios públicos. Según la portavoz, la regularización masiva repercute directamente en el incremento de las listas de espera sanitarias y en la parálisis de las ayudas a la dependencia. «La solidaridad sin control es una irresponsabilidad», ha afirmado, defendiendo que el sistema público debe priorizar la atención a los ciudadanos nacionales frente a los recién regularizados.

Por su parte, Carlos H. Quero, portavoz en materia de vivienda, ha centrado su análisis en el impacto demográfico sobre el mercado inmobiliario. Quero ha señalado que la entrada neta de más de tres millones de personas en los últimos cinco años, en un contexto de escasa construcción de vivienda pública y nuevas regulaciones, ha derivado en un encarecimiento de los precios y en fenómenos de hacinamiento. La formación defiende que el acceso a la vivienda debe estar regido por el principio de «los españoles primero».

Estrategia política de cara al ciclo electoral

Con esta doble ofensiva —judicial y de calle—, Vox reafirma su identidad política en un asunto que considera nuclear para su electorado. La campaña pretende trasladar a la opinión pública que el modelo migratorio actual compromete la seguridad y la identidad nacional, así como la sostenibilidad financiera de las arcas públicas. Esta movilización se produce en un momento de especial tensión política entre el Gobierno y la oposición parlamentaria por la gestión de los flujos migratorios en las fronteras españolas.