Sumar aplaza la convalidación del decreto de vivienda ante la falta de apoyos de PP y Junts
El grupo parlamentario Sumar ha optado por no incluir el real decreto ley de vivienda en el orden del día del próximo pleno del Congreso de los Diputados, previsto para los días 14, 15 y 16 de mayo. Esta decisión responde a la estrategia de agotar los plazos legales de 30 días para intentar negociar apoyos con el Partido Popular y Junts per Catalunya, quienes hasta la fecha han rechazado sentarse a la mesa con la formación liderada por Yolanda Díaz.
La normativa, que contempla medidas para la prórroga de los alquileres y la protección frente a desahucios, se encuentra en una situación de vulnerabilidad parlamentaria. Tras haber sido desgajada del decreto de medidas energéticas por exigencia de Sumar en el Consejo de Ministros, la formación no ha logrado reunir la mayoría necesaria para su convalidación definitiva. Fuentes parlamentarias señalan que el plazo máximo para someter el texto a votación expiraría en la semana del 21 al 23 de mayo.
La negativa del Partido Popular a entablar conversaciones ha sido tajante. Desde el Grupo Popular se ha manifestado que no participarán en negociaciones para subsanar lo que califican como una gestión deficiente por parte del Ejecutivo. Por su parte, Junts per Catalunya también ha cerrado la puerta al diálogo, citando tanto diferencias ideológicas en materia de política de vivienda como una ruptura de la confianza parlamentaria tras los recientes debates sobre las competencias en inmigración.
En este contexto de bloqueo institucional, Sumar ha impulsado una campaña pública instando a los arrendatarios a solicitar prórrogas de dos años en sus contratos de alquiler, amparándose en la vigencia provisional del decreto. Esta iniciativa ha suscitado críticas entre diversos sectores de la Cámara Baja, que advierten de la generación de una «inseguridad jurídica» considerable, dado que los inquilinos podrían verse inmersos en procesos de litigio si la norma es finalmente derogada por el pleno.
La Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces confirmaron este jueves que el asunto no formará parte de la agenda inmediata. El retraso deliberado busca, según fuentes cercanas a la negociación, ganar margen de maniobra para evitar que el éxito político que supuso para la vicepresidenta segunda la separación de este decreto termine en una derrota parlamentaria que deje sin efecto las medidas de protección habitacional vigentes desde el pasado 26 de marzo.
