Díaz reclama a las comunidades autónomas del PP «buena fe» y cooperación ante la crisis migratoria
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento este lunes a la corresponsabilidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para afrontar la situación migratoria en Canarias, especialmente ante la presión asistencial en la isla de El Hierro. Díaz ha instado a estas administraciones a actuar bajo el «principio de buena fe» y facilitar la acogida de menores migrantes en el resto del territorio nacional.
Durante una entrevista en Televisión Española, la ministra ha pedido expresamente que las 11 comunidades autónomas bajo mandato popular cooperen de forma efectiva tanto con el Ejecutivo canario como con el Gobierno de España. Díaz ha fundamentado su petición en la necesidad de aliviar la carga que soporta el archipiélago, señalando que la gestión de la crisis migratoria requiere de una respuesta coordinada y solidaria entre todos los niveles de la administración autonómica.
La vicepresidenta ha expresado su preocupación por la actual postura del Partido Popular respecto a la política migratoria, asegurando «no reconocer» a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo en este ámbito. En este sentido, ha puesto como ejemplo la trayectoria histórica de la Xunta de Galicia, subrayando que anteriormente no se habían producido este tipo de bloqueos en la acogida de menores, y ha sugerido que la posición actual del partido está condicionada por la influencia de fuerzas políticas de extrema derecha.
En el ámbito internacional, la ministra de Trabajo se ha posicionado de forma crítica frente a la propuesta de cinco países europeos de externalizar la gestión migratoria mediante la construcción de centros de deportación en terceros países, citando el modelo de Ruanda. Díaz ha calificado este tipo de acuerdos como una «absoluta vulneración de derechos humanos» y ha rechazado que la construcción de muros o centros de retorno suponga una solución efectiva a los desafíos sociales actuales.
Finalmente, la vicepresidenta ha abogado por el fortalecimiento de una «Europa social» que priorice la lucha contra la pobreza y la exclusión. Según su análisis, el foco de las instituciones europeas debería centrarse en corregir las desigualdades que afectan a 94 millones de personas en el continente y en levantar la voz frente a la violencia, en lugar de apostar por políticas de segregación y deportación que, a su juicio, no resuelven las causas estructurales de la migración.


