La Audiencia Nacional avala la investigación sobre los pagos de Grupo Gloria a Rodríguez Zapatero
El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ratificado la legalidad de la investigación en torno al cobro de 200.000 euros por parte del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, procedentes del grupo empresarial peruano Gloria. En un auto reciente, el juez desestima el recurso de la defensa del exmandatario y sostiene que el análisis de estas transferencias es una derivación legítima de las pesquisas judiciales que ya se encontraban en curso.
La resolución judicial responde a la impugnación presentada por la representación legal de Rodríguez Zapatero, que solicitaba excluir este pago de la causa. La defensa argumentaba que la empresa peruana no se encontraba dentro del «perímetro objetivo de la investigación» y calificaba la actuación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como una indagación prospectiva, carente de límites y de autorización judicial específica.
No obstante, el juez Calama ha rechazado estos argumentos al considerar que el hallazgo de los pagos vinculados a Focus Social Research —filial del Grupo Gloria— no responde a una «fiscalización indiscriminada» de la vida del expresidente. Por el contrario, el magistrado define el afloramiento de estos datos como la «consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas», las cuales presentan indicios de verosimilitud delictiva que obligan a su examen judicial.
El núcleo de la investigación se centra en un informe de la UDEF que señala una presunta «dinámica de intermediación e influencias» ejercida por Rodríguez Zapatero ante las autoridades de Bolivia. Según la policía judicial, estas gestiones habrían estado orientadas a beneficiar los intereses del grupo peruano en relación con una indemnización pendiente de cobro, a cambio de una contraprestación económica de 200.000 euros entre los años 2024 y 2025.
El auto subraya que la cuantía y el contexto del pago resultan relevantes para determinar la existencia de posibles influencias indebidas o retornos económicos ilícitos. El juez aclara que, si bien la participación en conferencias o asesoramientos profesionales es una actividad lícita, esto no excluye que determinados ingresos deban ser analizados cuando emergen en el marco de una intervención documental vinculada a una presunta estructura de influencias internacionales.
Finalmente, el magistrado ha descartado cualquier vulneración de derechos fundamentales, asegurando que no se ha producido una intromisión ilegítima en la intimidad ni una investigación generalizada sobre el investigado. Para los investigadores de la UDEF, los hechos apuntalan la hipótesis de una organización que aprovecharía contactos y ascendencia pública internacional para el ejercicio de influencias en beneficio de terceros clientes.
