La defensa de Rodríguez Zapatero busca una tasación a la baja de las joyas incautadas para eludir responsabilidades penales

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha iniciado las gestiones para contratar a un experto tasador independiente con el objetivo de rebatir la valoración de 1,3 millones de euros realizada sobre sus joyas incautadas el pasado 19 de mayo. La estrategia de la defensa técnica busca acreditar que las piezas poseen un valor de mercado inferior a los 100.000 euros, lo que resultaría determinante para desvirtuar las imputaciones por presuntos delitos fiscales y de contrabando que pesan sobre el exjefe del Ejecutivo.

La valoración inicial, encargada por la Audiencia Nacional a la joyería Ansorena, situó el lote de piedras preciosas en una cifra que supera holgadamente los umbrales de la relevancia penal. Según el marco legal vigente, el delito fiscal se configura a partir de una cuota defraudada superior a los 120.000 euros, mientras que el delito de contrabando requiere que la mercancía objeto de la infracción supere un valor de 150.000 euros. Una reducción de la tasación por debajo de los 100.000 euros supondría, en la práctica, el posible sobreseimiento de estas causas.

Argumentos técnicos sobre la calidad de las gemas

La defensa del expresidente sostiene que el estudio preliminar presenta carencias técnicas y no refleja la realidad del mercado de reposición. Entre los argumentos que se prevén presentar para impugnar el informe de Ansorena destaca la procedencia y el tratamiento de las piedras. Según fuentes cercanas al caso, se argumentará que los rubíes contienen rellenos de vidrio de plomo para ocultar fisuras, los zafiros proceden de Tailandia y han sido tratados térmicamente, y las esmeraldas son de origen zambiano en lugar de colombiano, lo cual reduce drásticamente su cotización internacional.

Asimismo, la representación legal de Rodríguez Zapatero cuestiona la metodología empleada en la primera tasación. Se argumenta que, si bien el Instituto Gemológico Español (IGE) realizó el análisis de las piezas, la fijación del precio final requiere la intervención de un mayorista especializado y no de una casa de subastas, cuya actividad principal se orienta a la venta pública y no necesariamente al valor de mercado técnico en el momento de la adquisición o entrada en territorio nacional.

Contexto judicial y el papel de la Fiscalía

Las joyas, que según la versión del expresidente fueron un regalo de cortesía institucional del fallecido rey de Arabia Saudí en el año 2007, se encuentran bajo custodia policial en el marco de las investigaciones derivadas del caso Plus Ultra. La controversia sobre su valor real es ahora el eje central de la pieza separada que afecta al exmandatario, quien recientemente en sede pública ya adelantó que el informe pericial sería sometido al principio de contradicción.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado formalmente al juez instructor que requiera a la joyería Ansorena una ampliación de su informe pericial. El Ministerio Público no solo busca ratificar el valor de mercado de las piezas, sino que ha solicitado determinar con precisión la fecha en la que las joyas fueron montadas. Este dato es considerado clave para establecer el cronograma de los hechos y verificar si la entrada de los bienes en España cumplió con las obligaciones tributarias y aduaneras correspondientes en su momento.

Mientras la defensa prosigue en la búsqueda de un contraperitaje que avale la tesis de la «mala calidad» de las piedras, el procedimiento administrativo y judicial continúa a la espera de que los nuevos análisis técnicos arrojen luz sobre una valoración que determinará el futuro procesal del expresidente.