Instituciones Penitenciarias registra 58 cambios de sexo registral en cárceles tras la entrada en vigor de la Ley Trans
Un total de 58 personas privadas de libertad han modificado su sexo registral en España desde la entrada en vigor de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Según datos proporcionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en respuesta a una solicitud amparada en la Ley de Transparencia, el desglose de estos cambios se divide en 48 solicitudes de hombre a mujer y 10 de mujer a hombre.
La cifra, que comprende el periodo transcurrido entre el 2 de marzo de 2023 y la fecha de resolución de la consulta, supone un incremento significativo respecto a los registros previos. En el último año, el número de internos que han formalizado este cambio ante el Registro Civil se ha duplicado, pasando de las 25 solicitudes contabilizadas hace doce meses a las 58 actuales. No obstante, la Administración advierte que esta estadística solo incluye los cambios comunicados oficialmente mientras el interno permanece en el centro, por lo que el dato global podría ser superior.
La normativa vigente permite la modificación de la mención registral relativa al sexo mediante la libre declaración de voluntad, eliminando la exigencia de informes médicos, diagnósticos de disforia de género o procesos previos de tratamiento hormonal. Esta flexibilización administrativa ha coincidido con un aumento generalizado de estos trámites en todo el territorio nacional, donde las cifras oficiales indican que los cambios de sexo registral se han cuadriplicado, pasando de 1.305 en 2022 a más de 5.100 en 2023.
Gestión modular y falta de control estadístico
En su resolución, el Ministerio del Interior ha reconocido que no dispone de un control estadístico centralizado sobre aspectos específicos derivados de estos cambios dentro de la vida penitenciaria. En concreto, la Administración no contabiliza cuántos internos han solicitado el traslado a módulos correspondientes a su nuevo sexo registral ni cuántas de estas peticiones han sido finalmente tramitadas o aceptadas tras la identificación como mujeres u hombres trans.
Desde Instituciones Penitenciarias se ha precisado que la asignación de un interno a un centro o módulo específico no se produce de forma automática tras el cambio en el Registro Civil. La gestión de la convivencia y el internamiento se rige por un «análisis holístico» realizado por los Equipos Técnicos y las Juntas de Tratamiento de cada establecimiento. Estos órganos evalúan de manera individualizada cada caso para garantizar la seguridad y la integridad de la persona solicitante y del resto de la población reclusa.
La ausencia de registros detallados sobre las solicitudes de cambio de módulo impide determinar con precisión el impacto operativo que la ley está teniendo en la organización interna de las prisiones españolas. Por el momento, la Administración se limita a constatar el aumento de las modificaciones legales en el registro sin que ello implique una reubicación directa por criterios de sexo registral en todos los casos.
