Interior identifica a 2.168 menores en Ceuta y convoca a las comunidades para su reparto
El Ministerio del Interior ha informado de la identificación de 2.168 menores de edad en la ciudad autónoma de Ceuta entre el 30 de julio y la mañana de este martes. Los efectivos de la Policía Nacional han localizado y puesto a estos jóvenes a disposición del Gobierno local tras la entrada masiva de personas registrada en las últimas 48 horas de julio, cifrada por las autoridades en una horquilla de entre 70.000 y 80.000 migrantes.
La situación de saturación en las infraestructuras de acogida de Ceuta ha llevado al Gobierno central a buscar soluciones urgentes. El Ejecutivo ha convocado para la próxima semana una conferencia sectorial con el objetivo de debatir la reubicación de estos niños y adolescentes en otras comunidades autónomas. Para facilitar esta gestión, el Ministerio prevé la transferencia de 25 millones de euros destinados a sufragar los gastos derivados de la atención y estancia de los menores en el territorio nacional.
El debate sobre la distribución territorial presenta actualmente una división política. Los gobiernos autonómicos liderados por el Partido Popular han manifestado su rechazo al actual sistema de reparto, mientras que las administraciones donde Vox ostenta las competencias de Infancia —Aragón, Extremadura y Castilla y León— han declinado participar en las negociaciones. Esta falta de consenso complica la activación de los mecanismos de solidaridad interterritorial previstos para aliviar las zonas de alta presión migratoria.
En cuanto a la vía de la repatriación, el marco jurídico vigente impone estrictas garantías que limitan la agilidad de los retornos. Tras la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegales las devoluciones masivas de 2021, la ley de extranjería exige un estudio individualizado de cada caso para asegurar el interés superior del menor. Este proceso requiere informes sobre la situación socioeconómica de la familia en el país de origen y otorga al joven el derecho a ser escuchado y a contar con asistencia letrada.
Organizaciones humanitarias como Save the Children han recordado que una parte de los recién llegados, procedentes de países como Chad o Sudán, se encuentra en situación de especial vulnerabilidad por huir de conflictos bélicos. Estos menores tienen derecho a protección internacional, con especial atención a mujeres y adolescentes expuestas a riesgos de trata, violencia sexual o matrimonios forzosos, lo que imposibilita legalmente cualquier intento de devolución sin un examen exhaustivo de sus circunstancias personales.
La resolución de esta crisis migratoria en Ceuta queda supeditada ahora al resultado de la conferencia sectorial y a la capacidad del Estado para articular una respuesta que combine la gestión de fronteras con el cumplimiento de la normativa nacional e internacional de protección a la infancia.
