El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha manifestado su postura crítica respecto a la gestión patrimonial de la Comunidad de Madrid y la validez de los procedimientos judiciales recientes que afectan a figuras políticas de distinto signo. En una entrevista concedida a Europa Press, el titular de Transportes ha calificado de «dictatorial» la compra y posterior venta de un inmueble destinado a vivienda oficial por parte del Ejecutivo regional, al tiempo que ha cuestionado el origen de las pruebas en la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Puente ha sostenido que la adquisición de un ático por un valor de 6,3 millones de euros para uso de la presidencia madrileña se realizó «a escondidas» y mediante mecanismos que, a su juicio, carecen de la transparencia exigible en una democracia. El ministro ha subrayado que, si bien otros cargos institucionales disponen de residencias oficiales, el procedimiento empleado en este caso —a través de una sociedad mercantil y con un presupuesto que considera excesivo— se aleja de los estándares de buena administración de recursos públicos.
Para el responsable de Transportes, esta operación debería ser objeto de análisis en los tribunales, estableciendo un paralelismo con el proceso judicial que enfrenta Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Puente ha señalado que, ante la proximidad del juicio contra Gómez, la Justicia debería actuar con la misma determinación frente a las supuestas irregularidades en la Comunidad de Madrid, sugiriendo que estos hechos podrían influir en el crédito electoral de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en futuros comicios autonómicos.
En el ámbito de la investigación que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y el hallazgo de joyas en su despacho, Puente ha adoptado una posición cauta pero crítica con el procedimiento. Aunque reconoce que el expresidente socialista debe ofrecer explicaciones públicas detalladas, ha advertido sobre una posible nulidad de las actuaciones judiciales debido a la procedencia de las pruebas iniciales.
El ministro ha puesto el foco en una intervención telefónica realizada en Estados Unidos hace seis años, cuya incorporación al proceso en España se ha producido recientemente. Puente ha condicionado su valoración del fondo de la causa a que se demuestre que dicha prueba contó con todas las autorizaciones judiciales preceptivas dentro del marco democrático, sugiriendo que, de no ser así, la causa carecería de validez y situaría a Zapatero en una posición de «víctima» de una operación irregular.
Finalmente, respecto a la defensa esgrimida por el Gobierno regional sobre la necesidad de una vivienda para reuniones de trabajo durante las obras en la Puerta del Sol, el ministro ha rechazado estas explicaciones al considerarlas extemporáneas. Según Puente, la falta de claridad inicial y el uso de recursos públicos de manera «despótica» invalidan los argumentos posteriores ofrecidos por el gabinete de Díaz Ayuso tras conocerse la operación por medios externos.
