La ministra de Sanidad, Mónica García, comparecerá el próximo viernes en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la situación asistencial en Ceuta y la respuesta de su departamento ante la crisis migratoria. Esta comparecencia, solicitada por la propia titular de Sanidad, se produce en un contexto de intensa presión sobre los servicios públicos de la ciudad autónoma y en medio de un debate técnico y político sobre la vigencia de contratos con la sanidad privada en los territorios gestionados directamente por el Estado.
La llegada de al menos 72.000 personas en situación irregular desde finales de julio —cifra que el Gobierno de Ceuta eleva hasta las 80.000— ha generado un incremento cercano al 50% en las atenciones de urgencia, según datos del Ministerio de Sanidad. Aunque García negó la existencia de un colapso asistencial durante su reciente visita a la ciudad, el Sindicato Médico de Ceuta (SMC) mantiene una posición opuesta, calificando el escenario de «catástrofe asistencial» y advirtiendo sobre carencias estructurales de personal y recursos para absorber la demanda extraordinaria.
El centro del debate parlamentario se trasladará previsiblemente a la gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo dependiente del Ministerio que ostenta las competencias sanitarias en Ceuta y Melilla. La controversia ha escalado tras conocerse que el Ingesa mantiene activos diversos contratos de externalización con proveedores privados, una práctica que la ministra ha cuestionado históricamente y que pretende limitar mediante el anteproyecto de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud.
Entre los servicios señalados destaca la contratación de la clínica privada Septem para la prestación de servicios de psiquiatría en Ceuta. Según fuentes del sector, el gasto acumulado en derivaciones y servicios externos en Ceuta y Melilla asciende a unos 50 millones de euros desde el año 2020. Estas cifras incluyen la externalización de pruebas diagnósticas como ecografías, mamografías, TAC y colonoscopias, herramientas que el Ministerio utiliza para agilizar las listas de espera en las ciudades autónomas.
Desde la oposición, el Partido Popular ha denunciado lo que considera una «contradicción» entre el discurso de la ministra contra la colaboración público-privada y la realidad operativa del Ingesa. Por su parte, el Ministerio de Sanidad defiende que estas contrataciones actúan como un «recurso complementario» indispensable para garantizar la continuidad asistencial en situaciones excepcionales, diferenciándolo del modelo de gestión que la ministra ha criticado en otras comunidades autónomas como Madrid.
La Ley de Gestión Pública, actualmente en fase de tramitación, establece la gestión directa como la fórmula ordinaria y preferente para el Sistema Nacional de Salud. No obstante, la crisis en Ceuta ha evidenciado las dificultades de prescindir de la red privada cuando la demanda asistencial desborda la capacidad de los centros públicos. Las autoridades ceutíes estiman que todavía permanecen en la ciudad unas 9.000 personas de la reciente oleada migratoria, lo que mantiene la tensión en los servicios de urgencias y atención primaria.
La sesión del viernes en la Cámara Baja servirá para que el Ministerio detalle el desglose de los recursos movilizados, las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios en la zona y el futuro de los conciertos privados en las ciudades autónomas bajo la nueva normativa de integridad sanitaria. La comparecencia se encuadra en una ronda de explicaciones de distintos miembros del Gobierno sobre la gestión de la emergencia migratoria en la frontera sur.
