Divergencia en el seno del Gobierno por los informes de inteligencia previos a la crisis de Ceuta

El Gobierno de España atraviesa una fase de disparidad de criterios en relación con la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. La controversia institucional se centra en la existencia de informes previos por parte de los servicios de inteligencia, un extremo que ha generado versiones contradictorias entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante sus recientes intervenciones en sede parlamentaria.

La titular de Defensa, Margarita Robles, sostuvo ante el Congreso de los Diputados que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Información de las Fuerzas Armadas (CIFAS) compartieron información reservada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de manera previa al incremento masivo de entradas en la ciudad autónoma. Según esta versión, los servicios de inteligencia habrían cumplido con su función de alerta ante los movimientos detectados en los días previos al suceso de mayo de 2021.

Esta afirmación contrasta con la posición mantenida por el Ministerio del Interior. Fernando Grande-Marlaska ha negado de forma reiterada la recepción de informes con carácter preventivo sobre la magnitud de la crisis. A esta tesis se sumó este jueves el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien afirmó ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional que el Ejecutivo no dispuso de información «ni previa ni precisa» que permitiera anticipar el asalto fronterizo.

El alineamiento mayoritario del gabinete con la tesis de Interior se ha hecho evidente a través de las manifestaciones de otros miembros del Consejo de Ministros. Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial, y Carlos Cuerpo, responsable de Economía, han respaldado públicamente a Grande-Marlaska, argumentando que una comunicación efectiva del CNI habría derivado en una movilización de recursos y un despliegue de medios significativamente distintos a los que se ejecutaron en aquel momento.

Desde la portavocía del Grupo Socialista en el Congreso se ha intentado conciliar ambas posturas para reducir la tensión institucional. Patxi López sugirió que las versiones de ambos ministros podrían no ser excluyentes si se considera que los servicios de información advirtieron sobre flujos de personas, pero sin llegar a concretar la «dimensión extraordinaria» que finalmente alcanzó el episodio. López subrayó que, de haber existido datos de tal precisión, la respuesta de las instancias superiores habría sido la adopción de medidas excepcionales inmediatas.

En el ámbito interno del Ejecutivo, la situación de la ministra Robles se define por una defensa estricta del trabajo técnico de los servicios de inteligencia bajo su tutela. Fuentes cercanas al Ministerio de Defensa indican que la ministra buscó proteger la reputación operativa del CNI y del CIFAS, evitando que se proyectara una imagen de vulnerabilidad de la inteligencia nacional. Pese al aislamiento político frente al resto del gabinete y a las críticas de sectores del partido que la señalan como un perfil autónomo del criterio gubernamental, el entorno de la ministra descarta su dimisión.

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha contribuido a la clarificación de los hechos mediante una nota oficial en la que niega la existencia de una alerta específica sobre la entrada masiva, si bien reconoce que el flujo de datos diarios sobre el incremento de llegadas por vía marítima era constante. La carpeta de la crisis de Ceuta permanece así abierta en el plano político, a la espera de una unificación de la versión oficial que resuelva la contradicción entre las carteras de Defensa e Interior.