ERC atribuye a la «inacción» del Gobierno la tensión migratoria en Ceuta
La secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Elisenda Alamany, ha señalado este domingo al Ejecutivo central como responsable directo de la crisis de convivencia en Ceuta. Alamany ha instado al Gobierno presidido por Pedro Sánchez a asumir sus competencias en materia migratoria y ha reclamado que cese la derivación de responsabilidades hacia las comunidades autónomas para abordar la situación.
Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Barcelona, la dirigente republicana calificó de «inaceptables» y «deshumanizadoras» las imágenes registradas recientemente en la ciudad autónoma. Alamany hizo referencia a los altercados en los que se bloqueó el paso a suministros básicos de Cruz Roja, subrayando que el bloqueo de alimentos y agua a personas en situación de vulnerabilidad es una realidad que no puede ser normalizada en el marco democrático.
A juicio de la formación republicana, estos episodios son la consecuencia directa de una falta de intervención por parte del Estado. Alamany enfatizó que el problema ha alcanzado una dimensión «mayúscula» debido a que el Gobierno central no ha adoptado «medidas serias y eficientes». En este sentido, advirtió que la administración general no debe «tirar pelotas fuera» ni forzar a los territorios autonómicos a asumir responsabilidades que, según su criterio, corresponden en exclusiva al Gobierno de la nación.
En el marco de su intervención, la secretaria general de ERC también se pronunció sobre la reciente actuación de la Policía Nacional en Elche, donde se retiró una bandera estelada a un menor de edad. Alamany criticó la gestión del Govern de la Generalitat ante este suceso, asegurando que el Ejecutivo catalán «no ha estado a la altura de la situación» al no denunciar con la contundencia necesaria lo que calificó como una vulneración de la libertad de expresión.
Con estas declaraciones, ERC reafirma su postura crítica ante la gestión migratoria estatal y la defensa de los derechos civiles, exigiendo una mayor implicación del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la resolución de los conflictos fronterizos y una respuesta institucional más firme por parte del Govern de Cataluña ante incidentes que afecten a la ciudadanía catalana fuera de su territorio.
