Informes de la Guardia Civil vinculan el aumento de la presión migratoria en Ceuta con el marco jurídico de las devoluciones
La Audiencia Nacional ha incorporado a las diligencias de investigación sobre las entradas masivas en Ceuta una serie de informes de la Guardia Civil y de la Secretaría de Estado de Seguridad. Estos documentos analizan el incremento de la presión migratoria registrado a finales de julio, relacionando el auge de llegadas por vía marítima con la interpretación jurídica derivada de la sentencia del Tribunal Supremo que limita las devoluciones en frontera para quienes acceden a nado a territorio nacional.
Según la documentación técnica a la que se ha tenido acceso, la madrugada del 28 al 29 de julio marcó un punto de inflexión previo al asalto masivo de los días posteriores. En un intervalo de ocho horas, los agentes del instituto armado interceptaron en la zona de Bahía Sur a 227 personas de origen marroquí y subsahariano. Simultáneamente, otra comunicación oficial refleja la detección de un grupo de 417 inmigrantes que intentaban el acceso por la misma vía, los cuales fueron retornados por la Armada marroquí tras la coordinación entre ambos países.
La Secretaría de Estado de Seguridad, bajo la dirección de Ana María Calvo, ha constatado en sus informes un «incremento progresivo» de los intentos de acceso irregular desde el pasado 29 de junio. El Ministerio del Interior cifra en 713 las entradas efectivas registradas entre el 28 y el 29 de julio, periodo en el que las fuerzas de seguridad de Marruecos también interceptaron a unas 850 personas que pretendían alcanzar la ciudad autónoma.
La tendencia al alza se mantuvo durante el periodo estival, con registros que sumaron 3.851 entradas o tentativas en agosto de 2024 y 2.772 en el mismo mes de 2025. Los organismos oficiales coinciden en señalar que el cambio en los protocolos operativos tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo ha condicionado la gestión fronteriza, incentivando el uso de la ruta marítima como vía de entrada principal frente a los intentos de salto de la valla terrestre.
La magistrada María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, lidera actualmente la investigación para dirimir las responsabilidades institucionales en estos hechos. El procedimiento judicial se desarrolla bajo la calificación jurídica de posibles delitos que afectan a la paz e independencia del Estado, analizando tanto la actuación de los diversos organismos de seguridad como la coordinación con la Secretaría de Estado de Seguridad y el Mando de Fronteras.
La comunicación de estos incidentes fue remitida en tiempo real al Estado Mayor de la Guardia Civil y al Centro Permanente de Información y Coordinación de la Secretaría de Estado, lo que acredita que el flujo de información sobre la vulnerabilidad de la frontera marítima fue constante entre la comandancia de Ceuta y las unidades centrales en Madrid durante las jornadas críticas de la crisis migratoria.
