Feijóo plantea una auditoría integral del Estado y no descarta suspender el servicio de alta velocidad Madrid-Andalucía

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que, en caso de alcanzar el Ejecutivo tras las elecciones generales del 29 de noviembre, llevará a cabo una revisión exhaustiva de la red ferroviaria y una auditoría general de las instituciones públicas. Durante una entrevista concedida a THE OBJECTIVE, el líder de la oposición se mostró dispuesto a paralizar la circulación en el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía si los informes técnicos no garantizan la seguridad de los pasajeros, tras los accidentes ocurridos en Urda y Adamuz que se cobraron 115 víctimas.

Las declaraciones de Feijóo coinciden con la reciente entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las sedes de ADIF y el Tribunal de Cuentas. Esta operación, requerida por la Fiscalía Europea, investiga un presunto fraude en el uso de fondos comunitarios destinados a la seguridad ferroviaria. El dirigente popular calificó la situación de «negligencia continuada» y vinculó estas irregularidades con una trama de malversación y mordidas que afecta a diversos altos cargos del Ministerio de Fomento y organismos dependientes.

En el marco de su plan de «reconstrucción nacional», Feijóo detalló que su primera medida será la ejecución de una auditoría «kilómetro a kilómetro» de la infraestructura ferroviaria, revisando desde la catenaria hasta los contratos de mantenimiento. «Si para preservar la seguridad de la gente procede cerrar la circulación, lo haremos», afirmó, subrayando que su prioridad será devolver el prestigio y la puntualidad al sistema ferroviario español, incluyendo la recuperación de los compromisos de devolución de importes por retrasos.

Respecto al panorama judicial que rodea al actual Ejecutivo, Feijóo sostuvo que el presidente Pedro Sánchez convocó los comicios con el objetivo de «parar las investigaciones judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a su entorno». Según el líder del PP, la actual legislatura se ha visto empañada por la existencia de múltiples sumarios de financiación irregular y corrupción en la obra pública, lo que, a su juicio, exige una respuesta contundente en términos de regeneración democrática y pulcritud administrativa.

El programa de reformas institucionales propuesto por el Partido Popular incluye la designación de un Fiscal General del Estado «jurídicamente incontestable», la despolitización del Consejo de Estado y una reorientación de la Abogacía del Estado para que defienda «los intereses generales y no los problemas personales del presidente». Asimismo, Feijóo se comprometió a finalizar lo que denomina como «ocupación» de Radiotelevisión Española para garantizar la neutralidad de los medios públicos durante el primer año de mandato.

En materia de gasto público, el candidato popular anunció una revisión total de las subvenciones y ayudas otorgadas por el Estado. Esta auditoría afectará a organizaciones sindicales —cuyos fondos, según denunció, se han triplicado mientras descendía la inversión en mantenimiento ferroviario— y a la cooperación internacional. En este último punto, Feijóo condicionará las ayudas a la verificación del destino de los fondos y a que los países receptores mantengan políticas migratorias respetuosas con las fronteras españolas.

Finalmente, Feijóo se pronunció sobre la convocatoria de huelga general previa a las elecciones, calificándola de «gravísimo error» por parte de los sindicatos al considerarla una movilización dirigida contra la oposición. A pesar de ello, el líder del PP aseguró que respetará el resultado de las urnas y apeló a los agentes sociales a aceptar el mandato democrático, advirtiendo que su Gobierno actuará con rigor en la gestión de los servicios públicos y la decencia institucional, «cueste lo que cueste».