El empresario Alejandro Hamlyn, administrador del Grupo Hafesa y prófugo de la justicia española durante el último año, ha sido detenido por agentes de Interpol en Abu Dabi. Tras su arresto, fuentes cercanas al procesado han confirmado que Hamlyn ha manifestado a su entorno la disposición de revelar información relativa a la presunta financiación del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en caso de ser extraditado a España e ingresar en prisión.
La detención en los Emiratos Árabes Unidos se produjo de forma accidental, después de que las autoridades locales detuvieran a un ciudadano asiático en una operación contra el tráfico de estupefacientes. El testimonio de este último señaló a Hamlyn, lo que motivó que la policía emiratí cruzara sus datos con las bases internacionales y detectara la orden de busca y captura emitida por la Audiencia Nacional española. El empresario vasco se enfrenta a una petición fiscal de 89 años de prisión por su presunta implicación en una trama de fraude en el sector de los hidrocarburos.
El núcleo de la advertencia lanzada por Hamlyn reside en sus vínculos financieros en el País Vasco y en el trato recibido por sus sociedades. A pesar de encontrarse bajo investigación judicial por un presunto fraude de IVA de 154 millones de euros en la denominada Operación Drake, la Hacienda Foral de Vizcaya concedió entre finales de 2023 y principios de 2024 aplazamientos fiscales a sus empresas por un valor total de 225 millones de euros. Estos acuerdos permitían postergar el pago de IVA e Impuestos Especiales hasta el año 2030.
Además de las causas por fraude fiscal y organización criminal, Hamlyn está siendo investigado en una pieza separada por la presunta compra de información policial. Las pesquisas de Asuntos Internos indican que un agente de la Policía Nacional destinado en la Audiencia Nacional habría percibido pagos mensuales de 4.250 euros a cambio de facilitar datos confidenciales de las bases de datos oficiales. Estas consultas incluían antecedentes, domicilios y movimientos de personas de interés para el Grupo Hafesa.
La relevancia política del caso se incrementó tras conocerse una reunión grabada en febrero de 2025 entre Hamlyn y Leire Díez, vinculada anteriormente al ámbito socialista. En dicho encuentro, se habría negociado el intercambio de información comprometedora sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) a cambio de garantías para la situación procesal del empresario. Durante aquella conversación, Hamlyn ya mostró interés por las conexiones con la dirección del PNV, formación que gestiona la Hacienda de Vizcaya donde se autorizaron sus aplazamientos de deuda.
Con la detención formalizada en Abu Dabi, se abre ahora un plazo estimado de cuarenta días para que se tramite el procedimiento de entrega a las autoridades españolas. La defensa y el círculo íntimo del empresario subrayan que su grado de colaboración con la justicia será proporcional a las medidas cautelares que se le impongan a su llegada. La posibilidad de que Hamlyn aporte detalles sobre las estructuras de financiación del nacionalismo vasco añade una dimensión de incertidumbre política a un proceso judicial que ya afecta a la seguridad del Estado y a la administración tributaria.
