La FAPE condena los señalamientos de la diputada Rocío de Meer contra periodistas de TVE
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha emitido una condena formal contra los mensajes publicados en la red social X por la diputada de Vox, Rocío de Meer, en los que califica de «terroristas» a los informadores de Televisión Española (TVE). Los profesionales señalados se encuentran actualmente cubriendo la crisis migratoria en Ceuta, derivada de la entrada de miles de personas a finales del mes de julio.
La organización profesional, a la que se ha adherido la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), criticó el mensaje difundido por la parlamentaria, quien afirmó que «no todos los terroristas ponen bombas, algunos son periodistas», acompañando el texto con una imagen de la reportera de la cadena pública María Álvarez. Según el comunicado emitido por la FAPE, estos ataques constituyen un intento de coartar la libertad de información, un derecho fundamental garantizado por la Constitución Española.
Pese a la condena inicial del Consejo de Informativos de TVE, la diputada de Vox se ha reafirmado en sus valoraciones. En publicaciones posteriores, De Meer ha calificado la labor de los profesionales de la cadena pública como «terrorismo informativo» y los ha acusado de «colaboracionismo» con la situación migratoria en la ciudad autónoma. La parlamentaria sostuvo en sus redes sociales que sus palabras no eran desproporcionadas, argumentando que los informadores son «culpables del sufrimiento y del terror del pueblo».
La FAPE, entidad que representa a más de 17.000 periodistas en todo el país, ha instado tanto a la formación política Vox como a su representante a cesar en el señalamiento público de los trabajadores de los medios de comunicación. La organización advierte que este tipo de declaraciones colocan a los periodistas en el «punto de mira de exaltados y ultras», poniendo en riesgo su integridad física y profesional mientras desempeñan su labor informativa.
Finalmente, la federación ha subrayado que la situación en Ceuta requiere una gestión responsable por parte de los actores políticos. En su comunicado, la FAPE recuerda que la obligación de los partidos, más allá de la legítima fiscalización al Gobierno, debe ser la de contribuir a la solución de los problemas de convivencia y no el agravamiento de los mismos mediante el hostigamiento a los profesionales de la información.
