Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado registran 222 suicidios entre 2016 y 2025

Un total de 222 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han fallecido por suicidio en el periodo comprendido entre 2016 y 2025, según los datos oficiales facilitados por la Secretaría de Estado de Seguridad a través de una resolución de Transparencia. Las cifras publicadas revelan una media de más de 22 casos anuales, lo que supone un fallecimiento aproximadamente cada 16 días en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Del total de los casos registrados en esta serie histórica de diez años, 122 agentes pertenecían a la Guardia Civil, lo que representa el 55% de la estadística, mientras que los 100 restantes formaban parte de la Policía Nacional. Los datos muestran una tendencia ascendente en el último bienio, tras haber alcanzado un mínimo histórico en 2023. En el conjunto de ambos cuerpos, los suicidios han pasado de 16 casos en 2023 a 25 en el cierre de 2025, lo que supone un incremento del 56% en dos años.

El repunte más acusado se ha observado en la Policía Nacional, donde la cifra de agentes fallecidos se ha duplicado en apenas dos ejercicios. El cuerpo registró seis casos en 2023, diez en 2024 y finalizó el año 2025 con 12 suicidios. Por su parte, la Guardia Civil pasó de diez casos en 2023 a 14 en 2024, cerrando el último ejercicio analizado con 13 fallecimientos. Pese al incremento reciente, el máximo de la serie se mantiene en el año 2021, cuando el Ministerio del Interior contabilizó 30 suicidios en el marco de las consecuencias derivadas de la pandemia.

El análisis de la Secretaría de Estado de Seguridad detalla que, mientras la Guardia Civil mantiene una horquilla de casos relativamente estable entre los nueve y los 15 fallecimientos anuales, la Policía Nacional presenta mayores oscilaciones estadísticas. Los datos sindicales complementarios, referidos al ejercicio de mayor incidencia (2021), indicaron que el 98% de los agentes eran hombres, con una edad media de 42 años, y que en el 90% de las ocasiones se empleó el arma reglamentaria.

Las asociaciones profesionales y sindicatos del sector han reiterado la necesidad de profundizar en las medidas de prevención. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se ha demandado la externalización de la atención psicológica para garantizar la confidencialidad y evitar el temor de los agentes a ser señalados profesionalmente si solicitan ayuda. Asimismo, se ha propuesto la instalación de armeros en todas las unidades para limitar el acceso al arma fuera de las horas de servicio.

En respuesta a esta problemática, la Policía Nacional ya cuenta con un plan de prevención que incluye una línea de atención psicológica gratuita y confidencial operativa las 24 horas. El protocolo actual contempla el seguimiento de casos de riesgo, el análisis de las circunstancias laborales y personales tras cada suceso y la retirada temporal del arma reglamentaria cuando se detecten factores de vulnerabilidad o riesgo de autolesión, con el objetivo de fortalecer la red de protección interna de los agentes.