La educación en la Comunidad Valenciana atraviesa un inicio de curso de alta intensidad condicionado por la reactivación de las movilizaciones sindicales, unos resultados históricos a la baja en el Informe PISA 2025 y el inicio del ciclo electoral que culminará en los comicios de 2027. Las organizaciones docentes han retomado este fin de semana la presión en las calles tras la huelga suspendida el pasado mes de junio, con el objetivo de forzar avances en la negociación de plantillas, ratios y condiciones laborales ante la Consejería de Educación.
El calendario de protestas ha comenzado este viernes con una marcha en Valencia y culmina este sábado con manifestaciones simultáneas en las tres capitales de provincia: Valencia, Alicante y Castellón. STEPV, el sindicato mayoritario, argumenta que tras la tregua estival no se han producido avances significativos en sus reivindicaciones principales, centradas en la dotación de profesorado y la mejora de infraestructuras. Estas movilizaciones servirán para evaluar el respaldo del colectivo docente a la reactivación de la huelga indefinida durante el presente curso escolar.
El conflicto laboral coincide con la publicación de los últimos datos del informe PISA, que sitúan al sistema educativo valenciano en una posición crítica. La autonomía ha descendido hasta el último lugar de España en las competencias de ciencias y matemáticas, y a la penúltima posición en comprensión lectora. Según los indicadores oficiales, los alumnos valencianos han perdido 33 puntos en ciencias, 38 en matemáticas y 58 en lectura respecto a la evaluación de 2022, situándose por debajo de la media nacional en todas las categorías analizadas.
Estos resultados han desencadenado un cruce de acusaciones sobre la gestión de la política educativa. El actual Ejecutivo autonómico, conformado por el Partido Popular, señala que la trayectoria evaluada por PISA 2025 corresponde mayoritariamente a los años de gestión de los gobiernos del Botànic. Por su parte, el PSPV-PSOE y Compromís responsabilizan a la actual Administración, vinculando el deterioro de los indicadores con lo que califican como una falta de inversión y el desmantelamiento de servicios en la educación pública.
Junto a las reclamaciones salariales y de recursos, el debate se ha desplazado hacia el terreno ideológico. La reforma de la Inspección Educativa, impulsada por la Generalitat para garantizar la neutralidad en los centros, ha sido calificada por STEPV como una medida de «policía ideológica». Mientras el Consell defiende que las nuevas atribuciones buscan proteger la libertad de enseñanza, las organizaciones sindicales interpretan la norma como un mecanismo de control sobre la labor del profesorado, lo que ha profundizado la brecha entre las partes.
Desde la Consejería de Educación se ha intentado aplacar el conflicto mediante la implementación de medidas presupuestarias. Este mes de septiembre se hará efectiva la subida salarial de 75 euros mensuales pactada previamente, y se ha anunciado la creación de 5.000 nuevas plazas docentes en los próximos cuatro años, destinadas fundamentalmente a la reducción de ratios. No obstante, estas concesiones no han sido suficientes para que los sindicatos desistan de las movilizaciones, al considerar que la carga burocrática y los problemas estructurales de los centros siguen sin resolverse.
El horizonte de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027 añade una capa de complejidad al escenario. Con la educación convertida en uno de los principales focos de confrontación social, la Generalitat se enfrenta al reto de revertir los indicadores negativos de aprendizaje mientras gestiona una conflictividad laboral que amenaza con cronificarse en los próximos meses, justo cuando la carrera hacia las urnas comienza a marcar la agenda política regional.
