La Fiscal General respalda la reforma de la instrucción penal en la apertura del Año Judicial
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha manifestado este jueves su apoyo firme al proyecto de ley impulsado por el Gobierno que otorga a los fiscales la dirección de la instrucción en las causas judiciales. Durante su intervención en el acto de apertura del Año Judicial, Peramato ha calificado esta transformación del modelo procesal como una «exigencia de racionalidad institucional» destinada a modernizar el sistema penal español y fortalecer las garantías procesales conforme a los estándares de los países del entorno europeo.
Para la máxima responsable del Ministerio Público, la atribución de la investigación penal a la Fiscalía responde a una «aspiración histórica» de la doctrina jurídica nacional. Según ha argumentado, el nuevo modelo permitirá que quien investigue los delitos esté bajo la supervisión de un juez imparcial encargado exclusivamente de velar por los derechos fundamentales, estableciendo una separación necesaria entre la tarea investigadora y la imposición de medidas limitativas de derechos.
No obstante, la fiscal general ha condicionado el éxito de esta transición a la dotación de herramientas estructurales. Peramato ha señalado que la reforma procesal debe ir acompañada de una mayor autonomía para la institución y de una renovación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Según sus palabras, España se encuentra ante una «oportunidad histórica» para superar una estructura que todavía se rige por concepciones del siglo XIX, las cuales resultan insuficientes para abordar las «formas de criminalidad cada vez más complejas» de la actualidad.
En el marco de su discurso, Peramato ha dedicado un bloque prioritario a la situación de Ceuta tras los incidentes migratorios registrados a finales de julio. La fiscal general ha anunciado el refuerzo de la Fiscalía de la ciudad autónoma con la incorporación de tres nuevos fiscales procedentes de la península. Ha subrayado la necesidad de preservar el principio de legalidad y retornar a una situación de seguridad, defendiendo que el cumplimiento de la ley «no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad».
El acto se ha desarrollado en un clima de marcada tensión institucional entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. El contexto actual viene condicionado por la reciente decisión del Tribunal Supremo de paralizar cautelarmente parte de la Ley de Memoria Democrática, así como por la investigación de la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, actuaciones que han suscitado críticas desde diversos sectores del Gobierno.
Este ha sido el primer discurso de apertura del Año Judicial protagonizado por Teresa Peramato desde su llegada al cargo tras la dimisión de Álvaro García Ortiz. En su alocución, también ha hecho referencia a otros desafíos nacionales de relevancia, como la lucha contra los incendios forestales, destacando la necesidad de una respuesta institucional ágil y la importancia de la solidaridad ciudadana ante las crisis climáticas y sociales.
